Prohibido mirar la fecha de nacimiento

El 2 de diciembre vence el plazo dado por la Comisión Europea para que los países miembros actualicen su legislación contra la discriminación en el empleo. Aunque para la relacionada con la discapacidad y la edad goza de una prórroga de tres años, la ofensiva contra las exclusiones en función de la fecha de nacimiento ha comenzado. La pasada semana, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, anunció una reforma legal que hará recaer sobre las empresas el coste total de las prejubilaciones.

El 5% de los europeos ha sido discriminado en el trabajo por su edad, según el Eurobarómetro

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, anunció la semana pasada que, si su partido gana las próximas elecciones de marzo, abrirá conversaciones con los sindicatos y la patronal para obligar a las empresas a hacerse cargo del coste íntegro de sus prejubilaciones hasta que el trabajador cumpla 65 años. Sólo el año pasado más de 17.000 trabajadores se vieron afectados por procesos de este tipo, según el recuento hecho por UGT entre las mayores empresas.

El anuncio de Zaplana tiene lugar cuando está a punto de expirar, el próximo 2 de diciembre, el primer plazo dado por la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou, para que los 15 países miembros de la Unión Europea actualicen sus legislaciones a fin de prohibir toda discriminación laboral en función de la edad.

La ofensiva tiene en España un precedente: la reforma del Estatuto de los Trabajadores que, en su texto refundido de 1995, incluyó expresamente, y en la primera frase de su artículo 17, la nulidad de toda actuación empresarial que contenga discriminaciones por razón de edad.

La plantilla más joven

Pero una cosa es la normativa vigente y otra la realidad. Como recuerda Miguel Rodríguez-Piñero, ex presidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Huelva, hace apenas un par de años una de las principales entidades financieras de España emitía en televisión un anuncio en el que se jactaba de disponer de la plantilla más joven del país, "una publicidad que en cualquier país avanzado estaría prohibida". Además, en otra propaganda sobre planes de pensiones de la misma entidad "se ridiculizaba a una persona mayor que seguía trabajando". "Nadie dijo nada y era una publicidad muy fuerte", se lamenta Rodríguez-Piñero, para quien en los últimos años las compañías han ido bajando progresivamente el listón de lo que se considera ser mayor en el trabajo, "hasta el punto de que con 40 o 45 años los trabajadores tienen ya problemas para encontrar un empleo o retenerlo".

El dato es revelador de la escasa conciencia que existe todavía en los departamentos de recursos humanos de las empresas españolas sobre esta cuestión.

No ocurre lo mismo en otros países del entorno. Bélgica y Suecia, según Anna Diamantopoulou, disponen de leyes ejemplares contra la discriminación laboral. En el Reino Unido, un estudio gubernamental fechado en octubre demuestra que el 31% de las empresas dispone ya de políticas específicas contra el trato discriminatorio por edad y otro 38% planean introducirlas en el futuro. Además, el 57% de las compañías confirmó que en sus anuncios por palabras en los periódicos evitan poner límites de edad.

Ésta última es una práctica que ya defienden algunas organizaciones en España. Una formación política minoritaria, el Partido Humanista, incluye en sus programas electorales la prohibición de ofertas laborales que incluyan límites de edad. Para Rodríguez-Piñero, la introducción en España de normas antidiscriminatorias en los códigos de buenas prácticas empresariales "puede ayudar, ya que la ley es insuficiente". En su opinión el problema no está en la ley, sino que "es cultural" y no se solucionará hasta que las empresas acepten su responsabilidad social en este terreno.

Según el Eurobarómetro de junio de este año, la discriminación principal que sufren los trabajadores europeos es precisamente la relacionada con la edad, un factor que se percibe como decisivo a la hora de encontrar trabajo. El 5% de los entrevistados dice haberse sentido excluido por este motivo.

En segundo lugar, con un 3% están quienes dicen haber sido discriminados por su raza u origen étnico. A continuación se sitúan la religión (2%) y las minusvalías (2%). La orientación sexual ocupa el último lugar, con un 1%.

Los más jóvenes (entre 15 y 24 años) y la enorme franja de adultos entre 45 y 65 años son los que se consideran más perjudicados por su fecha de nacimiento.