El otro coste de los accidentes laborales

España es el país de la Unión Europea con la cifra más alta de accidentes laborales y casi duplica la media comunitaria. La siniestralidad se cobró el año pasado la vida de 1.104 personas en su puesto de trabajo, además de otras 453 en los desplazamientos a la empresa (in itinere), y causó heridas graves a 11.721 personas y un total de 948.896 bajas. Son cinco muertos en cada día laborable. Este año se está produciendo una mejora, con una reducción del 15,3% en las defunciones y un 6,3% en las bajas, pese a lo cual en los siete primeros meses arroja un saldo de 589 fallecimientos, 6.781 heridos graves y 525.442 bajas laborales. [En las carreteras murieron el pasado año 4.026 personas. Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid calculó que los accidentes de tráfico costaron en 1999 entre 10.538 y 14.484 millones de euros].

La Agencia Europea de Salud Laboral eleva el impacto económico al 2,5%-3% del PIB

La sexta parte de los siniestros de la UE se producen en España, con cinco muertes al día

El precio pagado en vidas humanas y en lesiones temporales o permanentes no es el único y a él se suma un impacto económico muy elevado. Los accidentes laborales tuvieron en 2002 un coste de 10.964 millones de euros (1,82 billones de pesetas), que equivale al 1,57% del producto interior bruto (PIB). Ése es el resultado de los datos recopilados por el Gabinete de Salud Laboral de CC OO y por la mutua Fremap, la mayor del sector dedicado a la atención y cobertura de accidentes y enfermedades profesionales.

Esa cantidad incluye costes comprobables. Se trata del impacto económico de las jornadas perdidas a causa de las bajas (1.489 millones de euros); la cobertura de riesgos para los trabajadores por cuenta ajena por parte de las mutuas, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, las prestaciones económicas en la incapacidad temporal y la gestión (5.038 millones de euros); y la cobertura de los autónomos que el año pasado era menor que la de los asalariados (1.286 millones).

Hay un segundo capítulo de gastos que no aparecen en los informes oficiales, como los derivados de la atención de los siniestros sufridos por en torno a dos millones de trabajadores que se estima están en la economía sumergida (1.286 millones de euros), y el gasto sanitario de accidentes y enfermedades profesionales no declarados como tales (2.085 millones).

Otras consecuencias son más difíciles de cuantificar. Se trata de las pensiones generadas en el sistema público por siniestralidad laboral no declarada, principalmente enfermedades de origen profesional; el impacto económico de la pérdida de expectativas laborales y productivas; el precio del sufrimiento humano y sus consecuencias sobre el individuo, la familia y la sociedad; y el coste de la pérdida de vidas humanas. La Agencia Europea de Salud Laboral sí ha realizado estimaciones de todo ello y eleva los efectos de la siniestralidad en España hasta el 2,5%-3% del PIB.

Las cuotas recaudadas por accidentes laborales y que gestionan las mutuas ascienden a 4.921 millones de euros, de ellos 728 millones se destinan a las bajas por Incapacidad Temporal. El resto corresponde a asistencia sanitaria; personal médico y de administración; indemnizaciones por muerte; accidentes in itinere; cobertura de las incapacidades permanentes, parciales y lesiones no invalidantes; algunos gastos de prevención, y reservas.

El gasto medio por proceso de cada expediente de baja, desde que se inicia hasta que se concluye, por la prestación de Incapacidad Temporal, y sin incluir la asistencia sanitaria, supone 683,24 euros. La duración media de cada baja es de 24,21 días por accidente de trabajo.

La comparación de la situación con la UE es claramente desfavorable para España. En los datos del año 2000, los últimos comparables de que dispone la oficina estadística comunitaria, Eurostat, de los 4,81 millones de accidentes con baja que se produjeron en el conjunto de los Quince, la sexta parte tuvo lugar en España.

Idéntica relación se da en los accidentes mortales, y de los 5.237 trabajadores comunitarios que perdieron la vida en ese año, 803 son asalariados españoles, lo que supone un 15%. En la construcción, el porcentaje es todavía más elevado, y un 18% de los siniestros mortales en ese sector se registraron en España.

El líder de CC OO, José María Fidalgo, afirmaba en una reciente comparecencia en el Senado que la elevada siniestralidad "no es la consecuencia inevitable del crecimiento económico ya que la siniestralidad ha crecido tres veces más que la economía y en Europa han bajado los accidentes mientras crecía la economía. La causa principal es que siguen sin cumplirse las normas de prevención por parte de las empresas".

Similares argumentos daba el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien identificaba tres causas más: el deterioro de las condiciones laborales, la temporalidad y el incremento y desregulación de las subcontratas. Un informe elaborado por UGT analiza el efecto de la temporalidad, situación en la que se encuentra un 30% de los asalariados españoles, casi el doble que la media de la Unión Europea.

Su conclusión es que los trabajadores con contratos temporales sufren las mayores tasas de siniestralidad. Ese colectivo sufre el 60% de los accidentes con baja, el 50% de los siniestros mortales y el 55% de los que tienen carácter grave.

También estima que es en las pequeñas empresas donde se concentran los mayores riesgos, y las de menos de 100 trabajadores aglutinan el 81,5% de los accidentes mortales, y las de menos de 50, el 70%.

Corregir esa lacra es el objetivo de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos que se tramita ahora en el Parlamento y que el Senado debatirá en la segunda quincena de este mes. A su paso por el Congreso, el diputado del PSOE Luis González Vigil subrayaba la necesidad de contar con "más recursos, más vigilancia en el cumplimiento de la ley y mayor labor sancionadora". No obstante, lanzaba una llamada de atención porque recela de que los cambios normativos no sean suficientes para atajar el grave problema de la siniestralidad si no se corrigen sus causas, como la precariedad, la temporalidad y las subcontratas, que califica como "seudoempresas sin estructura ni organización y sin posibilidad de aplicar las normas".

Antero Ruiz, diputado de Izquierda Unida, coincidió con el representante socialista en exigir la regulación de las subcontratas y valoró una reforma que endurece la orden de sanciones e infracciones a las empresas que no cumplen las obligaciones de prevención, para combatir el cumplimiento meramente formal o documental de las obligaciones empresariales. La reforma también obliga a las compañías a integrar la actividad preventiva en la empresa a través de un plan de prevención de riesgos, y dispone la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos.

Joaquín Nieto, responsable de Salud Laboral de CC OO, cree que, ante ese elevado coste, "cualquier inversión pública en prevención de riesgos merece la pena, no sólo en vidas humanas, sino también en términos económicos". Después de muchos años de batalla, y tras los últimos acuerdos firmados por el Gobierno y los agentes sociales, que se han plasmado en esa reforma legal en trámite parlamentario, confía en que mejore la situación: "Reducir la siniestralidad es posible y espero que este año lo logremos. No es una utopía querer alcanzar la media europea, que es casi la mitad que la de España".