El ministro de Trabajo discrepa de la sentencia que culpa a un albañil del accidente que sufrió

La sentencia de la Audiencia de Barcelona que responsabiliza a un trabajador del accidente laboral que le dejó tetrapléjico fue ayer ampliamente cuestionada y criticada por sindicatos, partidos políticos y administraciones públicas. El propio ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, discrepó de la decisión del tribunal y aseguró no coincidir con los argumentos del fallo, a pesar de no conocer el texto íntegro de la sentencia. UGT y CC OO la calificaron de "inadmisible", y el PSOE e IU señalaron la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial la revise.

La sentencia levantó polvareda. Y las reacciones no se hicieron esperar. Los sindicatos UGT y CC OO no escatimaron calificaciones para criticar el fallo que culpa al trabajador, Enrique Pociños, de adoptar una "conducta clamorosamente imprudente" por poner en riesgo su vida al realizar su trabajo (el albañil cayó de 3,5 metros de altura por el hueco de una fachada en la que no había medidas de seguridad). El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, tachó la sentencia de "inadmisible, grotesca y retrógrada". "Nos retrotrae al siglo XIX, culpando a los trabajadores de las consecuencias de su propia explotación", agregó.

El líder de CC OO, José María Fidalgo, encajó con asombro que "no un juez, sino una sala", haga responsable al trabajador de la caída que sufrió cuando no había medidas de protección. "Es una barbaridad", resumió Fidalgo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo también expresaron extrañeza por el hecho de que los tres magistrados del tribunal avalen argumentos tan discutibles y no se haya producido ningún voto particular, informa Carmen Parra. Trabajo sí ha intervenido en que la Seguridad Social haya reconocido al trabajador la pensión por incapacidad permanente en el grado máximo.

Revisar la sentencia

El PSOE e IU mostraron asimismo su disconformidad con la sentencia. El portavoz socialista en la Comisión de Política Social y Empleo, Ramón Jáuregui, expresó su "preocupación" por el precedente que sienta el fallo y señaló la conveniencia de que sea revisado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

IU fue más allá y anunció que ha iniciado los trámites para solicitar formalmente al CGPJ la apertura de una investigación. El responsable de empleo de este partido, Javier Alcázar, reclamó además una reforma del Código Penal para que se tipifique como delito el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "No se puede permitir este nivel de desprotección", dijo Alcázar.

Por su parte, el consejero de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo del Gobierno catalán, Antoni Fernández Teixidó, aseguró sentirse "sorprendido" tras conocer la sentencia. Fuentes del departamento no supieron precisar si el Ejecutivo autónomo emprenderá alguna medida en favor del trabajador. El candidato de ICV-EUiA a la presidencia de la Generalitat, Joan Saura, le exigió que ponga a disposición del albañil los medios económicos y jurídicos para poder recurrir contra la sentencia.

Agotada la vía penal con esta sentencia, los abogados de Enrique Pociños anunciaron ayer que acudirán al Tribunal Constitucional, informa Pere Ríos. "Sabemos que hay muy pocas posibilidades de que prospere porque se ha cumplido la ley, pero creemos que se trata de una sentencia injusta que raya en la prevaricación", aseguró Roberto Toro, responsable del gabinete jurídico que defiende a Pociños. Toro también explicó que la semana próxima decidirán si acuden a la vía civil o la laboral y recordó que disponen de un año de plazo para iniciar ese nuevo pleito. Al margen de eso también estudian una demanda de responsabilidad civil contra el tribunal.