El peso del cemento
A veces, durante una campaña electoral, se puede llegar a tener la estúpida sensación de que, por fin, se ha detectado un grave problema y que éste tendrá solución a la vuelta de las urnas. Durante la larguísima campaña de las autonómicas madrileñas, desde el PSOE se ha venido señalando cómo las empresas constructoras pueden llegar a "secuestrar" la voluntad popular.
Se creyera o no que esa era la causa de la deserción de Tamayo y Sáez, no me cabe duda de que el peso del cemento es mayor que el de los votos e hipoteca nuestro futuro. Es así en la política municipal y en la autonómica, pero también en la nacional: según una mayoría de expertos, cabrían soluciones más baratas y equilibradas que las que propone el Plan Hidrológico, que sólo parece beneficiar a estos grupos de presión.
Después de meses de denunciar a las "mafias del ladrillo", ¿qué ha hecho el PSOE? En los lugares en los que tiene poder, que es donde podría hacer algo, las cosas han seguido como siempre. Lo que Meme del Río contaba en estas páginas el domingo pasado era una buena muestra. En Estepona, donde gobierna el PSOE con el sector más duro de los gilistas, el interventor mandó parar, por falta de presupuesto, la contratación de veinte cargos de confianza; es decir, de veinte militantes que podían encontrar empleo gracias a la llegada de su partido al poder. Felizmente, como si fueran unos reyes magos llegados por anticipado, apareció la empresa constructora Prasa y donó al ayuntamiento 300.000 euros para gastos de personal.
Hay empresas que son así de rumbosas. En el mundo de la construcción no hay sólo romeros-de-tejada. Es decir, gente del PP. Fíjense si es abierta y progresista esta constructora que no sólo acude a pagar nóminas en Estepona, sino que viene cobijando, desde que dejó de ser presidente de la Diputación sevillana, a Miguel Ángel Pino, veterano dirigente del PSOE. Ahora bien, no parece que sea ésta una empresa sectaria: no ha parado de construir ni a la sombra de Jesús Gil ni a la del cura Castillejo. Vamos, que no le hace ascos a nada. Es lógico: así son las empresas. Lo suyo es obtener mayores beneficios cada año.
Por tanto, no resulta nada especial que Prasa tenga en Estepona muchos intereses: entre ellos, un hotel en construcción que podría ser contrario al PGOU e incumplir la Ley de Costas. Además, posee muchos terrenos en ese municipio. Uno de sus solares tenía pendiente una recalificación de uso y aumento de edificabilidad. Cuando el actual alcalde, Antonio Barrientos, estaba en la oposición, se oponía. Ahora, fíjense lo que son las cosas, está de acuerdo y un pleno que él mismo presidía ha aprobado el proyecto. Barrientos dice que lo ha hecho porque Prasa ha pagado al Ayuntamiento el doble de lo que ofrecía a la anterior corporación. ¿Quiere esto decir que una propuesta urbanística indeseable se convierte en buena a partir de cierta cantidad?
Ya lo sé. Todo es legal. También es legal en nuestro país financiar con dinero negro a un partido político. Eso es precisamente lo malo: que la ley proteja estas inmoralidades y la izquierda las bendiga. El cemento pesa igual si hace presión sobre el PSOE que si la hace sobre el PP. Estas cosas no sólo pasan en Madrid. Romero de Tejada no ha inventado nada nuevo.
