El tribunal ordena destruir las cintas con las escuchas del 'caso Ollero'

La Audiencia de Sevilla ha enviado un escrito al juzgado de instrucción que investigó el caso Ollero -sobre el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas de la Junta- en el que comunica la decisión del Tribunal Constitucional de anular las escuchas telefónicas que sirvieron como prueba para condenar a los procesados y le insta a retomar el asunto en el momento previo a que las acusaciones y las defensas formularon sus escritos de calificación de los hechos, ya sin tener en cuenta las escuchas telefónicas. El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, ya ha anunciado que la fiscalía va a volver a acusar a los implicados en la causa.

Cuando se cumpla esta fase, el Juzgado de Instrucción 17 decidirá si de nuevo se abre juicio oral contra Manuel Ollero, ex director general de Carreteras; su hermano Jorge Ollero; el presidcnte de la constructora Ocisa, Jesús Roa Baltar, y su director financiero, Miguel Nogueira Miguelsanz. Los cuatro fueron condenados en diciembre de 1999 por la Audiencia de Sevilla, que absolvió a Juan José López Martos, ex consejero de Obras Públicas de la Junta.

La sentencia del Constitucional obliga a retrotraer el caso justo en el momento final de la instrucción, según fuentes judiciales. Tras la sentencia del Constitucional, que estimó que la regulación legal sobre las escuchas telefónicas vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, la sección primera de la Audiencia ha ordenado la destrucción de las cintas que sirvieron como prueba en el juicio.

Además, según fuentes judiciales, la Audiencia ha ordenado que se devuelva a los cuatro implicados que quedan en el caso las multas que se les impuso cuando fueron condenados, que en el caso de Roa supone una cantidad que asciende aproximadamente a 700.000 euros. La Audiencia también remitirá al juzgado de instrucción el maletín con 132.000 euros con el que fue detenido Jorge Ollero.