El 77% de los presos que piden acceso a clases no son atendidos

El 77% de los presos de doce centros penitenciarios de Andalucía (2.483 internos) no recibe la atención educativa, que en el curso 2003-2004 ha sido solicitada por 3.220 reclusos, según el recuento realizado por los docentes de Instituciones Penitenciarias. La raíz del problema está en la transferencia a la Junta de 67 profesores que dependen del Gobierno central y que cubrirían la demanda. Este traspaso está pendiente desde 1999 y ya se ha realizado en la mayoría de comunidades.

Desde esa fecha, los maestros de prisiones dependientes del Gobierno central han dado clases no oficiales a los reclusos, lo que ellos llaman clases particulares. Al no ser regulada su función, los internos recibían las clases, pero no obtenían certificado oficial, el mismo que muchos de ellos remiten en sus peticiones de tercer grado. Estos maestros han decidido que, después de cuatro años de clases no oficiales, no continuarán así hasta que no se regule su función. Esta función no está regulada desde 1999. Estos maestros entienden que está agotado su periodo de "buena voluntad" en el que entienden que han trabajado "al borde de la legalidad".

Sin este grupo de 67 docentes, los 21 profesores con que cuenta la Consejería de Educación atienden a 737 reclusos este curso, el 23% de los 3.220 que en su día solicitaron asistencia educativa. La ratio actual es de 35 alumnos por maestro. La demanda fluctúa cada día con la entrada y salida de presos y este recuento fue realizado a mediados de octubre.

Por ejemplo, los centros de Alcalá de Guadaíra y el de Sevilla no cuentan con dotación docente de la Consejería de Educación y en ellos se han registrado 135 solicitudes de presos. Por tanto, sólo en diez de los doce centros penitenciarios andaluces en los que se ha solicitado atención educativa se imparte formación inicial base, para analfabetos y analfabetos funcionales, y formación base.

Los presos ya han presentado 638 reclamaciones a los jueces de vigilancia penitenciaria. Hace un mes las reclamaciones apenas llegaban a las 200. Alegan el menoscabo del artículo 27 de la Constitución que establece el derecho fundamental a la educación y el artículo 25.2, que detalla la reeducación como fines del cumplimiento de las penas. Estas reclamaciones han sido recogidas en cinco provincias: Almería (120), Jaén (100), Málaga (147), Huelva (20), Sevilla (213), Psiquiátrico de Sevilla (25) y Algeciras (23).

Las fuentes consultadas aseguran que en abril, cuando se prevén las matrículas del curso siguiente, fueron "matriculados oficialmente" 466 presos que ahora se han quedado sin atención. 102 en Jaén, 150 en Córdoba, 27 en Málaga y 187 en Huelva. La Consejería de Educación no ofrece datos y alega que corresponde al Gobierno central la convocatoria de una reunión para traspasar el profesorado de las cárceles. Pero el mismo decreto de 1999 que establece la transferencia también deja claro que la competencia del servicio educativo en las cárceles recae en la comunidad.

La transferencia de los docentes de prisiones ha sido incluida en diversos paquetes de negociación. Se prevé que en noviembre se reúna la comisión mixta entre Gobierno central y Junta de Andalucía para este asunto, la misma mesa de negociación que lleva desde hace más de tres años sin reunirse.