Promesas gratuitas

Cuando en mayo pasado Esperanza Aguirre temía perder las elecciones, anunció la gratuidad de los tratamientos buco-dentales para mayores de 65 años y teleasistencia gratis para los mayores de 80 años. Y perdió las elecciones. En octubre, el candidato del PSOE, preocupado por las encuestas, prometió dar transporte gratis a los menores de 21 años y a los mayores de 65 años. Y perdió las elecciones.

Sólo un exagerado optimismo sobre la extensión de los conocimientos económicos llevaría a pensar que los electores madrileños castigaron a los candidatos por la falta de fundamento de sus promesas. Pero ahora, fuera del calor electoral, merece la pena reflexionar sobre unas propuestas negativas tanto desde el punto de vista económico como social. Desde hace tiempo se sabe que la mejor forma de asignar los recursos consiste en dejar a los empresarios y consumidores establecer libremente los precios. Pero incluso cuando no es posible, como en los casos en que estamos comentando, porque no hay competencia, es recomendable que el precio de los servicios refleje su coste. De esa forma las empresas que los prestan reciben más recursos, con lo cual el servicio se puede prestar con más calidad o disponer de más recursos para ayudar a aquellos que, por su alto precio, no pudieron adquirirlo.

Además, por el lado de la demanda, si algo cuesta, si no es gratis, no se derrocha. Porque, cuando se propone dar gratis el transporte pensamos sólo en reducir el coste a quien usa el transporte, pero no pensamos en que mucha gente que no necesitaba el transporte empezará a usarlo simplemente porque es gratis. ¿Qué interés hay en que una persona de 65 años renuncie a caminar quinientos metros y coja el transporte público en plena congestión porque es gratis? En el caso concreto del transporte sería incluso racional incrementar el precio en los momentos de congestiones y disminuirlo, incluso hasta la gratuidad, cuando prácticamente no es utilizado y el coste marginal es próximo a cero. De esta forma, asignando racionalmente los recursos, mucha gente podría ir gratis en el transporte público, pero no gratis siempre, sino cuando no hubiera congestiones.

El que el precio de las cosas refleje su coste no sólo mejora la asignación de recursos, sino que favorece la aplicación de políticas solidarias. Hay múltiples mecanismos de transferencia de rentas (por ejemplo, la renta básica que proponen los socialistas) para conseguir que los que tienen menos recursos puedan pagar esos servicios. Por el contrario, los sistemas que subsidian las cosas en vez de las personas favorecen la corrupción -por ejemplo, en el caso de las viviendas de bajo precio en España- o el despilfarro. Con estos sistemas al final disponemos de menos recursos para poder ayudar a los que realmente lo necesitan. No es extraño que las políticas que incorporan el coste del servicio prestado estén siendo aplicadas por los partidos socialdemócratas europeos. Schröder ha propuesto que los gastos de la atención dental sean sufragados, al menos en parte, por los ciudadanos. El alcalde laborista de Londres ha introducido mecanismos de precios en el uso de las vías urbanas. En el reciente congreso de los laboristas británicos se ha propuesto la subida de las tasas universitarias, y esto no significa disminuir el acceso de la universidad a los que tienen menos recursos -que es lo que proponen los conservadores-, sino, como explicó magníficamente el ministro de Educación británico, todo lo contrario, disponer de más recursos para aumentar el acceso a la universidad.

No hay que irse tan lejos para observar que los socialistas pueden hacer propuestas económicas más racionales que los partidos de derechas. En España tenemos el ejemplo de la política del agua. Lo mejor hubiera sido crear mercados de agua, pero, rechazada esta idea por ambos partidos, es evidente que, frente al trasvase faraónico del PP, costosísimo y que trasvasará un agua que, al no incorporar esos costes en su precio, será despilfarrada en cuestión de minutos, el partido socialista recuerda que las directivas europeas obligan a reflejar el coste del agua en su precio. Ello permitirá un menor despilfarro y la utilización de tecnologías alternativas como las de la desalinización, que con mucho menos coste pueden suministrar agua en mucha mayor cantidad que la que proporciona el trasvase. Ojalá no volvamos a escuchar de ningún partido más promesas gratuitas. mfo@inicia.es