Algo más que auditores

Los escándalos empresariales han puesto bajo la lupa a los auditores. En España una de las consecuencias de ese escrutinio es la obligación para las empresas cotizadas de publicar lo que pagan a estos profesionales por revisar las cuentas y por servicios distintos. Los primeros datos, correspondientes a 2002, indican que la mayoría no se pasa de la raya: sólo 6 de las 35 compañías del Ibex pagaron más a sus auditores por consultoría y asesorías varías. La tendencia es reducir este gasto, por lo que este año dicho gasto será probablemente menor.

En sus bases de datos se encuentran todas las direcciones terminadas en .com y .net. A 30 de junio, tenía 27,5 millones de dominios

Seis de las 35 empresas que cotizan en el Ibex pagaron a su auditor cantidades superiores por otros servicios durante el año pasado

La factura más alta pagada por una empresa del Ibex a su auditor en 2002 fue la de Telefónica. La memoria del grupo constata que éste pagó a Deloitte & Touche 15,92 millones de euros. En esa cantidad está incluida la revisión de cuentas a la que están obligadas las empresas de cierto tamaño, que ascendió a 6,94 millones de euros, y los 2,9 millones de otros servicios de auditoría. El resto, es decir, 6,08 millones de euros (38%), correspondieron a distintos trabajos de consultoría y asesoría.

Es sólo un ejemplo. La mayoría de las grandes empresas se han acostumbrado a utilizar a sus auditores como si fueran un supermercado donde contratar casi cualquier servicio -de consultoría, asesoría fiscal, legal o de inversión-, lo que puede poner en peligro la independencia del auditor, aseguran los expertos.

En España hasta ahora no había datos sobre esta cuestión. La ley financiera, que entró en vigor a finales de 2002, incluye la obligación para todas las empresas cotizadas de ofrecer información detallada de los honorarios del auditor, entre otras medidas dirigidas a reforzar la independencia de estos profesionales. Las empresas han publicado esta información por primera vez en sus memorias de este año. De las 35 compañías del Ibex, sólo cuatro no contrataron servicios adicionales a su auditor, según el recuento hecho por Expansión. Son Indra, Metrovacesa, Banco Popular y Zeltia.

En el otro extremo estarían las seis que se gastaron más en servicios de asesoría y consultoría que en la auditoría (véase cuadro). Se trata de Altadis (el 63% de la factura), Enagas (80%), Gas Natural (78%), Iberdrola (57%), Red Eléctrica de España (77%) y TPI-Páginas Amarillas (55%). El coste de la auditoría de cada uno varía mucho: desde los 91.000 euros de Enagas hasta los 1,868 millones de Iberdrola.

La mayoría de estas empresas se agarra a causas excepcionales para explicar la desproporción. Es el caso de Iberdrola; Enagas, que encargó a PricewaterhouseCoopers que le ayudara a preparar los folletos de su salida a Bolsa; Gas Natural, que hizo una fuerte inversión en consultoría tecnológica a través de PwC Consulting (hoy IBM), o REE, cuya filial de telecomunicaciones pidió a KPMG que le valorara distintas compañías. Por ello es difícil que estos datos se repitan en 2003.

La tendencia a reducir la factura por servicios de consultoría y asesoría ya puede comprobarse en países como el Reino Unido, donde sí hay datos históricos. Allí, las 100 empresas cotizadas de mayor peso contrataron un 26,5% menos estos servicios a sus auditores en 2002, según un estudio de la revista Accountancy Magazine recogido en el Financial Times. En el sector de energía de EE UU ha pasado algo parecido. Según el análisis de una de las cuatro grandes firmas, el gasto en otros servicios suponía 1,87 veces el de auditoría en 2001. El año pasado se redujo hasta el 0,72.

España no escapa a esta evolución. En el caso de Telefónica, "en los próximos años la cantidad pagada por servicios distintos a la auditoría se va a reducir por lo menos a la mitad", aseguran fuentes de la operadora, que estiman que el recorte ya será este año de dos millones de euros.

La sucesión de escándalos empresariales explica en parte esta reacción de la operadora y otras grandes empresas cotizadas, que también reconocen algunos auditores: "Para evitar problemas ya nadie quiere contratar todo en la misma firma", afirma César Ferrer, socio responsable de Gestión de Riesgos e Independencia de KPMG, y le da la razón José Miguel Andrés, responsable de auditoría de Ernst & Young. En Deloitte, sin embargo, aseguran que las ventas de servicios distintos han bajado tanto que sólo pueden subir.

Nuevas normas

Las nuevas normas dirigidas a reforzar la independencia de los auditores -en España es la ley financiera-no se lo impiden. Con el texto español en la mano, las auditoras pueden seguir siendo las firmas multidisciplinares de siempre. En primer lugar porque pueden vender aquellos servicios que suponen un conflicto de interés a empresas a las que no auditan. Y también porque casi todas las prohibiciones e incompatibilidades incluyen salvedades. Por ejemplo, los auditores no pueden realizar la auditoría interna -serían juez y parte-, salvo que sea el cliente quien ejerce el control; y tampoco pueden ser auditor y abogado al mismo tiempo, a menos que lo hagan a través de distintas empresas. Las cuatro grandes separaron hace años a sus abogados.

"La ley financiera obliga a ser más transparente, pero no que no se contrate", resume José María Rodríguez Gil, director económico de REE. Además estas leyes no han querido entrar en servicios que han resultado controvertidos como la asesoría fiscal.

Los auditores se agarran a la ley para no abandonar determinados servicios: "Cumplimos la ley y mucho más", subrayan en Deloitte. Al fin y al cabo, las firmas cuentan con sus propios sistemas para minimizar riesgos -programas informáticos que detectan los conflictos-, hace años que separaron en varias empresas su oferta, vendieron sus filiales de consultoría tecnológica (salvo Deloitte, que no ha cerrado el trato) y están sujetas al control del comité de auditoría del cliente, un órgano obligatorio que vela por su independencia. Esta situación explica, en parte, el incremento de precios de las auditorías, que ya no son una puerta de entrada para vender otros servicios y que cada vez exigen más trabajo. Para María Alvarado, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, "el auditor vive de su reputación y tiene que demostrar que es independiente".

La pregunta ahora que existen datos es si existe una proporción razonable entre lo que un auditor cobra por revisar las cuentas y otros servicios. La ley no dice nada al respecto, aunque para el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), José Luis López Combarros, hay que estudiar cada caso porque "no sólo importa la cuantía". Un ejemplo: la búsqueda de un directivo para el cliente puede ser un servicio barato pero incompatible. El ICAC es el encargado de velar por esa independencia. El año que viene vigilará que las firmas cumplen las nuevas normas. Su presidente espera que entonces no haya cantidades tan significativas por servicios diferentes a la revisión de cuentas como algunas de las pagadas en 2002.