El PSOE propone obligar por ley a TVE a realizar debates electorales

El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió ayer a obligar a TVE, mediante una proposición de ley que modificaría la Ley Electoral, a realizar debates en los que los candidatos a la presidencia del Gobierno cuyos partidos tengan un 10% de los votos en toda España -ahora PP y PSOE- confronten sus programas. Desde hace 10 años, el PP se niega a celebrar estos debates en televisiones públicas o privadas.

Rodríguez Zapatero, recién llegado ayer de Bruselas, donde ha tenido reuniones de trabajo con sus compañeros socialistas en las instituciones europeas, compareció en la sede de su partido acompañado por el portavoz parlamentario y coordinador del programa electoral, Jesús Caldera. La presencia de este último tuvo la intención de poner de manifiesto el compromiso de los socialistas de incluir en la oferta electoral de Zapatero la reforma de la Ley Electoral para que los debates en TVE de los candidatos a la presidencia del Gobierno sean obligatorios.

Pero al mismo tiempo el PSOE quiere intentar que esa obligación entre en vigor para las elecciones generales del próximo mes de marzo, lo que requiere la aquiescencia del PP. El Grupo Parlamentario Socialista registró ayer la iniciativa en el Congreso, una proposición de ley de reforma de la Ley Electoral General, que se debatirá dentro de cuatro semanas. Si el PP la rechazara, el PSOE la incluirá en su programa electoral.

"TVE estará obligada a realizar al menos un programa de debate exclusivamente entre los candidatos a presidente del Gobierno designados a ese efecto por las fuerzas políticas que hayan obtenido en las anteriores elecciones el equivalente, al menos de un 10% de los votos en el Estado. En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, el debate se realizará entre los candidatos que encabecen las listas de las fuerzas políticas que hubieran obtenido el porcentaje de votos citado". Esta es la literalidad del nuevo artículo 66 de la Ley Orgánica Electoral General redactada por los socialistas.

La exigencia de ese 10% de votos obtenidos lleva necesariamente a que los candidatos que debatan sean los representantes del PP y del PSOE. No obstante, la misma ley añade que, además del debate entre los dos únicos candidatos que pueden someterse a la investidura, también los medios de comunicación públicos deben organizar debates entre los representantes de las principales candidaturas electorales.

En cada comunidad autónoma, TVE, o en su caso la televisión autonómica pública correspondiente, realizará, si prosperase la propuesta del PSOE, un programa de debate entre los candidatos de partidos que hayan obtenido, en ese ámbito territorial, al menos el 10% de los votos.

Los socialistas quieren que la ley también obligue a rebajar la intensidad de la propaganda electoral -"vanal y superficial"- hasta rebajar del 25% al 10% el dinero con el que ahora la Ley Electoral subvenciona la publicidad en pancartas y vallas.

Los autores de la iniciativa señalan que pretenden evitar la utilización de técnicas comunicativas o publicitarias poco o nada útiles para la información "veraz y objetiva de los votantes", con la consiguiente reducción del gasto electoral en esas actividades. Para conseguir ese objetivo se propone que determinada publicidad exterior no sea considerado como gasto electoral. En concreto, el PSOE propone la limitación del tipo de soporte en el que se puede instalar la publicidad exterior a las vallas publicitarias. Por tanto, desaparecería del panorama de las ciudades y los pueblos los rostros de los candidatos en cabinas telefónicas, farolas o postes de titularidad pública o privada situadas en la calle.

El líder socialista invocó el derecho de los ciudadanos, según el artículo 20 de la Constitución, a recibir información de los candidatos y de los partidos sobre sus propuestas. Frente a campañas electorales "propagandísticas y publicitarias", el PSOE pretende que las campañas sean informativas y faciliten a los ciudadanos una mayor y mejor información sobre las propuestas programáticas de los partidos y el contraste entre unas y otras, a través de sus representantes.

Los socialistas han estimado que para respetar el derecho de los ciudadanos a la información nada mejor que la regulación por ley, y así no dejarlo al albur de la mayoría parlamentaria y sus conveniencias de cada momento.

La Junta Electoral Central, a través de la Comisión de Radio y Televisión, supervisaría la preparación de los debates.