La CEV abre un debate sobre su financiación y solicita una auditoría

Los órganos de gobierno de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) asumieron ayer la necesidad de someter a "un debate amplio y realista los mecanismos" que rigen su financiación y propusieron solicitar una auditoría externa que, más allá del imperativo legal, "se convierta en un hábito natural y de obligado ejercicio de transparencia" para el futuro.

El comité ejecutivo y la junta directiva de la patronal valenciana conocieron ayer un informe sobre la operación de venta de la antigua sede de la CEV desarrollada por Pedro Coca, secretario general de la entidad hasta el mes pasado. La comisión redactora descarga de responsabilidad a Coca cuando subraya que "no ha percibido un interés espurio ni un ánimo ilícito vinculado a enriquecimiento personal de ningún tipo". Y recuerda una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de noviembre de 2002 que negó a la CEV la posibilidad de recibir subvenciones del Impiva a través de dos entidades vinculadas a la patronal, la Fundación Formación y Empresa, registrada por la CEV en 1998, y el Instituto Valenciano para la Gestión Empresarial (Ivage), una sociedad limitada cuyo socio único es una Fundación de Apoyo a la Iniciativa Empresarial de la Comunidad Valenciana, también registrada por la CEV.

La operación de venta de la antigua sede de la CEV se diseñó para salvar los problemas legales aparejados a la recepción de fondos públicos para formación. El edificio en cuestión era propiedad del Ivage.

El comunicado que Rafael Ferrando, presidente de la CEV, leyó al término de la reunión de la junta directiva de la patronal desliza la posibilidad de revertir la operación de venta de la antigua sede y sugiere que la operación ya está en marcha. Ferrando comentó que la patronal espera recuperar el edificio "antes de que acabe el año fiscal".

Pero avanza al menos dos pasos más. Por un lado, apunta que deben "modificarse las facultades y poderes" de los cargos de la patronal para que nadie pueda cerrar la venta de patrimonio de la entidad sin informar a los órganos directivos. Una mención que sugiere cambios en la redacción de los estatutos de la patronal.

Por otro lado, el comunicado propone un debate "amplio y realista" sobre "los mecanismos por los que se habrá de regir la financiación de la CEV" y sugiere incorporar hábitos de transparencia.

La patronal valenciana se vió envuelta hace años en un escándalo relativo al desvío de fondos públicos para formación profesional. La necesidad de disipar las dudas sobre "un segundo tropiezo por cuestiones de forma que no de fondo", en palabras de un miembro de la junta directiva, inspiró el comunicado aprobado ayer.

Los órganos de gobierno de la patronal también acordaron el nombramiento de un técnico de la entidad, Luis Torres, como vicesecretario general de la CEV. Torres había ejercido ese cargo en la patronal provincial hasta 1997. El nombramiento pretende extender las máximas responsabilidades ejecutivas en el seno de la patronal como un primer gesto de transparencia, según una fuente de la entidad.