Los inspectores de Trabajo reprochan a Zaplana su "desinterés" por la situación laboral de los empleados
La práctica totalidad de la plantilla de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Valenciana -integrada por 70 funcionarios- se sumó al encierro de 24 horas,
convocado por el colectivo en todo el ámbito estatal. El procesamiento y posterior condena de un compañero, el inspector Alfredo Ortolá, a seis meses y un día de cárcel por el caso Ardystil, síndrome laboral que causó cinco muertos y más de un centenar de perjudicados, ha acabado por incendiar los ánimos de este colectivo. Los funcionarios consideran que están "indefensos" jurídicamente.
Adrián González, portavoz de la plantilla de inspectores de Alicante, explicó ayer que el insuficiente personal y la escasez de medios materiales impide a los inspectores revisar de manera exhaustiva el funcionamiento de las empresas. Por ello, el órgano laboral acusa al Ministerio de Trabajo que dirige Eduardo Zaplana de consentir la labor "inadecuada e ineficaz" de la plantilla actual de inspectores para "no presionar" al empresariado y favorecer la precariedad laboral de los trabajadores. "No les interesa una presión alta a las empresas. No les conviene acabar con la economía sumergida", enfatizó. González agregó que un control férreo por parte de la autoridad laboral propiciaría una situación de paro "explosiva", situación, añadió, que "no les interesa". En su opinión, al Gobierno sólo le preocupa "mostrar la reducción de la lista de paro" pese a los "índice de fraude" en la contratación. Por su parte, el representantante de los inspectores en Valencia, Ramón Torres, denunció el nulo apoyo de Trabajo a Ortolá, quien financió su defensa con recaudaciones de los inspectores españoles.
