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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Escurrir el bulto

Ángel Acebes volvió a emplear en su comparecencia parlamentaria de ayer ese truco que el Gobierno del PP maneja con tanta insistencia como eficacia: desparramar responsabilidades para eludir asumir las propias. Ahora resulta que Scotland Yard también tiene la culpa de que los investigadores de los asesinatos de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes no conocieran el dato crucial de la presencia en Málaga de Tony Alexander King, un peligroso delincuente con numerosos antecedentes por agresiones sexuales a mujeres.

Días atrás, Acebes y Michavila, titular de Justicia, ya habían intentado desviar la responsabilidad hacia la Junta de Andalucía, la Ley del Jurado y el PSOE. Todo menos aceptar lo obvio: Dolores Vázquez fue víctima de un tremendo error; la policía y la Guardia Civil actuaron en este caso, como en tantos otros, con descoordinación y hasta enfrentamiento; Interior tiene responsabilidades políticas en este asunto, y se precisan reformas urgentes en el funcionamiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

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Acebes propone una base de datos de personas potencialmente peligrosas

Acebes y Michavila están dando todo un recital de cómo salirse por la tangente. Lo que comenzó como el caso Wanninkhof, un crimen atroz, ha pasado a convertirse en el caso King, un debate político crucial en un momento en que la inseguridad ciudadana se dispara en España. Ante ese debate, los portavoces de la oposición de izquierda hicieron ayer intervenciones razonables y constructivas en el Parlamento. Ahora sabemos que, antes de las muertes de Rocío y Sonia, Scotland Yard había alertado sobre la peligrosidad de King y que esa información no fue incluida en ninguna de las bases que consultan los agentes operativos. El socialista Victorino Mayoral y Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, propusieron medidas tan de sentido común como la puesta en común de datos en los múltiples sistemas informáticos con que trabajan las organizaciones policiales (estatales, autonómicas y locales) que operan en el territorio español y la creación en el seno de Interior de un mando único para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Pero Acebes se escondió tras el burladero del elogio rutinario a los cuerpos y fuerzas de seguridad, para los que la oposición reclama más efectivos, más medios, mayor coordinación, un mando único y mejores dirigentes políticos. El lunes había acudido a la cortina de humo de acusar a los socialistas de querer "aniquilar" la Guardia Civil, una falacia que Aznar repitió sin sonrojarse ayer mismo. No, el caso King no versa sobre el porvenir de la Guardia Civil, ni siquiera sobre su desmilitarización, sino sobre una de las cosas que funcionan mal en España, la seguridad ciudadana, y también sobre las tácticas de distracción con que el Gobierno afronta ese y casi todos los problemas.

El Gobierno es infatigable a la hora de anunciar nuevas leyes, nacionales e internacionales, cada vez que tiene que esquivar las responsabilidades concretas que se le reclaman por graves errores que afectan a la vida y a la seguridad de las personas. Pero lo que hace falta es trabajar más y mejor: coordinadamente y con los medios adecuados.

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