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Tribuna:

El PSC y la Constitución de 1978

En estas fechas fachas y ominosas, cuando el aznarismo rajoyesco, para celebrar el 25º aniversario de la Constitución, le dicta a un poder judicial supremo y dependiente que rechace la reforma de la misma y ataque, entre otros, al socialismo catalán maragalliano por promoverla y destruir con ella a España entera, no estará de más que mi recuerdo personal conmemorante rompa una y mil lanzas por lo que nuestra ley fundamental, hoy congelada y casi yerta en la acaparadora diestra del PP, le debe al PSC. Tuve el privilegio de trabajar para Joan Reventós en la lid constituyente y, oculto tras la voluminosa figura en carnes y en saberes del representante del PSOE, Gregorio Peces-Barba, pude vivir a fondo cuanto voy a contar por ser como una especie de D'Artagnan-Cyrano junto a los tres bravos mosqueteros catalanes Roca, Solé-Tura y Martín Toval.

Aunque mi evocación actual se centre en el régimen autonómico que alumbró el texto de 1978, quiero dejar constancia de dos aportaciones del PSC de no poca trascendencia: la práctica abolición de la pena de muerte (con fórmula jurídica defendida por el senador Cirici Pellicer, de aquella Entesa dels Catalans promovida por el catalanista socialista Jaume Lorés) y las funciones tasadas del jefe del Estado, que la derecha ex franquista quería propias de una "dictadura regia" en vez de la "república coronada" o monarquía parlamentaria de los verdaderos demócratas. Ante las presiones que el Rey recibió de esa derecha para que, con su influencia, impidiese la aprobación de la propuesta del PSC y ante el insistente recordatorio de su origen socialista y, para más inri, catalán, Juan Carlos I acabó comentando con cierta sorna que tal vez en el futuro debiera agradecerles a los socialistas catalanes su cuidado en evitarle compromisos partidistas, muy peligrosos para la Corona y aún más para el país. Su gratitud tenía ya motivos anteriores, pues, a sugerencia del PSC, el PSOE forzó una votación en la Comisión Constitucional de las Cortes sobre la forma monárquica o republicana del Estado, y así, de ese modo, los representantes populares sometieron al hasta entonces heredero de Franco a un proceso de elección que lo legitimara democráticamente y lo sometiera a la Constitución, no como un poder del Estado, sino como mero órgano constitucional de precisas y muy limitadas funciones.

Pero, la aportación constituyente del PSC más significativa, original e importante para la configuración democrática de un poder estatal y plurinacional de autogobierno, basada en la tradición federalista de Pi i Margall y de todo el catalanismo histórico de las izquierdas, fue el artículo 2º y el famoso Título VIII, los cuales, respectivamente, garantizan y regulan la autonomía política de las nacionalidades y regiones de España, entendidas como "fragmentos de Estado" unidos por la solidaridad recíproca. En este asunto crucial, el PSC se vio apoyado sin reservas por el PSOE, pues éstas, si bien se dieron al principio porque se temía una reivindicación egoísta y privilegiada como la del nacionalismo burgués catalán, pronto desaparecieron al comprobarse que el proyecto ofrecido integraba el pluralismo nacional español y fortalecía la democracia común. De hecho, la autoría material y formal del artículo y del título citados correspondió al PSC en su redacción originaria, y tanta fuerza renovadora y tanto desarrollo prometía que un sector militar, anticuado pero influyente, creyó que, al imponer un añadido retórico (sin efectos jurídicos, desde mi punto de vista), castraba la autonomía garantizada a las nacionalidades.

Mayor éxito tuvo la derecha nacionalista catalana al pactar Suárez y Pujol una desfiguración del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que el PSC había propuesto para garantizar de forma estable y exenta de conflictos las relaciones mutuas. So pretexto de oponerse al café para todos (en una lectura sesgada y maliciosa del federalismo socialista), mi querido amigo y ex militante, como Maragall, del FOC, Miquel Roca (que, por cierto, le debía el papel de ponente constitucional al PSOE, pues éste renunció a su cuota en su favor para impedir la exclusión del nacionalismo catalán y vasco, pretendida por la derecha ex franquista) pactó con ella una fórmula competencial para que, en el futuro, predominaran las relaciones bilaterales comunidad autónoma-Gobierno central con un signo comercial de pacto conflicto, que tan buenos réditos electorales ha dado y sigue dando hasta hoy mismo, ya que permitía tanto a Suárez (y ahora a Aznar-Rajoy) como a Pujol (y ahora a Mas-Pujol) presentarse cuando conviniera como defensores respectivos de la unidad de España y de una Cataluña irredenta y agraviada. Esta frustración del proyecto federalista del PSC y del PSOE tuvo, entre otras consecuencias, la de impedir un Senado que encauzara la participación viva de los pueblos de España en la política estatal e internacional y lograra ahondar en el autogobierno de las nacionalidades y regiones en diálogo multilateral, abierto y sincero, así como trenzar la solidaridad económica entre todas ellas. Eso es lo que suele dar pie a las protestas, oportunas a veces y otras no, de socialistas, como Bono o Rodríguez Ibarra, en nombre de la justicia y en contra de bilateralismos aprovechados y fenicios, que creen propios de la derecha nacionalista catalana, pero que nada tienen que ver con la actitud constante del catalanismo del PSC ni con la que mantiene Maragall con sus propuestas de reforma constitucional y estatutaria. Tranquiliza comprobar que los citados dirigentes regionales del PSOE así lo han entendido tanto en la declaración unánime de Santillana como en sus vibrantes apoyos al candidato a la presidencia de la Generalitat en el masivo mitin socialista de Las Ventas en Madrid.

Durante estos 25 años de vigencia constitucional, el PSC no ha renunciado a su proyecto autogobernante y federante. En varias ocasiones ha insistido con libros, congresos, encuentros de alto nivel y proyectos de reforma en remediar los errores cometidos durante el proceso constituyente por culpa de los compartidos intereses de las derechas española y catalana, no siendo el menor el interés electoral de fingir conflictos patrióticos para impedir la hegemonía y el consenso interno del socialismo ibérico. En tal sentido, las propuestas de Maragall son tan combatidas por los conservadores de uno u otro pelaje como lo fueron hace un cuarto de siglo y, mucho antes aún, frente a Pi i Margall. Porque el PSC y su presidente pretenden culminar el edificio que idearon y estuvieron a punto de construir en 1978; edificio que se truncó, desfiguró y erosionó en sus cimientos y que hoy se empecina en conservarlo así quien entonces ya lo veía como un aerolito destructor de la España eterna en su injusto monolitismo. ¿Quién puede creerse que el "nou Estatut" de Pujol-Mas es algo más que una añagaza para seguir comerciando con un Gobierno del PP? Como ha pronosticado Maragall, los verdaderos catalanistas, que de verdad quieran para los catalanes el autogobierno y la influyente presencia en España y en Europa que tanto proclaman, acabarán por apoyar y sumarse al único proyecto que aspira a una estable garantía, jurídica y política, de lo legítimamente reivindicado y por darle una vida creadora y eficaz a la Constitución de 1978; esa vida que le está arrebatando, con alevosa hipocresía, quien tan a menudo viola nuestro Estado de derecho al dictarles a jueces, magistrados y fiscales la sentencia que condene a cuantos la quieren viva.

J. A. González Casanova es profesor de Derecho Constitucional de la UB

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de septiembre de 2003