El claustro del abad vuelve a casa

Un millón de euros. Ése es el precio que la Generalitat valenciana ha aceptado pagar por recuperar parte de su patrimonio histórico-artístico y acabar con "un motivo de humillación para el pueblo valenciano", en palabras del consejero de Cultura, el popular Esteban González Pons. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se desplazó ayer a primera hora de la mañana para "tomar posesión del claustro gótico del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna", que, por avatares de la historia, ha permanecido durante casi 80 años como parte de una finca particular que perteneció a Franco en el municipio madrileño de Torrelodones. Tras la firma del documento de compraventa, el Consell anunció que se dirigirá a la federación de constructores y promotores para que creen un consorcio y, "de manera altruista", realicen la operación de traslado del claustro, que, así, se convertirá en "una tarea patriótica del pueblo valenciano", según González Pons.

Tras la guerra civil, el aristócrata optó por regalar el edificio de Torrelodones al general Franco

El claustro forma parte del monasterio cisterciense fundado en 1298 por Jaime II de Aragón en un cálido valle del sur de la provincia de Valencia, la Valldigna, y está formado por un conjunto de diez arcos góticos levantados entre los siglos XIV y XVI por deseo del abad Arnau de Saranyó. Desmontado piedra a piedra entre 1920 y 1926 como una fase más del proceso de destrucción y deterioro iniciado tras la desamortización de Mendizábal, el claustro pasó a formar parte del sueño kitsch de José María Palacio y Abárzuza, conde de las Almenas, que decidió construirse un complejo residencial en el término municipal de Torrelodones (Madrid) con piezas procedentes de monumentos históricos venidas de todo el territorio español. Tras la Guerra Civil, el aristócrata optó por regalar el edificio al general Franco para que el jefe del Estado dispusiese de un lugar de esparcimiento en las cercanías de Madrid y bien comunicado con el Palacio del Pardo.

Con la muerte de Franco y el tránsito a la democracia, los herederos del dictador pusieron la residencia, conocida como el Canto del Pico, en el mercado. Tras pasar por distintas manos, la finca fue comprada en 1988 por sus actuales propietarios, Domingo Rodríguez y Antonio Ollamburu -a través de su sociedad SHL-, con la intención de aprovechar los atractivos del inmueble para transformar el edificio en un hotel de cinco estrellas. Un proyecto que desde entonces se enfrenta al problema de compaginar los distintos intereses que el Ayuntamiento de Torrelodones, la Comunidad de Madrid y los propietarios tienen respecto al futuro del Canto del Pico, declarado monumento histórico-artístico en 1930.

Paralelamente, la Generalitat valenciana, gobernada por los socialistas, había comprado las ruinas del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna en 1991 para iniciar su reconstrucción. Sin embargo, fue la llegada al poder del PP la que convirtió estas antiguas ruinas en símbolo de fervor patriótico valencianista y convirtió la recuperación del claustro trasladado a Torrelodones en una prioridad política.

En 1997, el entonces consejero de Cultura y hoy presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, decidió impulsar la negociación con las distintas partes implicadas para recuperar el claustro. Un empeño en el que Francisco Camps no ha cejado nunca, como ayer reconoció su consejero de Cultura, que confesó que uno de los primeros encargos recibidos fue el de retomar las negociaciones el pasado julio.

La victoria del PP en las municipales de Torrelodones y la continuidad de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid facilitaron las negociaciones, que concluyeron con la firma de la compraventa el pasado domingo.

Ahora, la Generalitat confía en tener los permisos necesarios para iniciar la operación, que durará cuatro meses, en menos de 15 días. La compra es sensiblemente más cara de lo previsto, ya que la oferta de la Generalitat era en 2001 de 120.000 euros y una réplica del claustro, mientras que ahora se abonará un millón de euros más otros 60.000 como parte del coste de la réplica.