El fiscal pide el archivo del caso de la indemnización a Amusátegui y Corcóstegui al dejar SCH
El fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Caballero solicitó ayer el archivo de las actuaciones que se tramitan en el Juzgado Central 3 contra el presidente del banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín; el que fuera copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, José María Amusátegui, y el ex vicepresidente de la entidad Ángel Coscóstegui, por entender que los hechos que se investigan no constituyen delito alguno.
La juez Teresa Palacios, en noviembre de 2002, admitió a trámite una querella por presunto delito societario presentada por el abogado Francisco Franco Otegui contra Botín y Amusátegui, a los que acusaba de disponer fraudulentamente de 43,7 millones de euros, en perjuicio de los accionistas, para compensar a Amusátegui su salida de la dirección del banco.
En marzo de este año, la magistrada acumuló una denuncia formulada ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusaba al propio Botín y al ex vicepresidente Ángel Coscóstegui de otro delito societario, consistente en que este último habría percibido más de 110 millones de euros en concepto de prejubilación y jubilación.
El fiscal, en un escrito fechado el lunes, relata las negociaciones para la fusión del Banco Santander con el Banco Central Hispano, que fueron aprobadas por los consejos de administración de ambas entidades financieras.
El 15 de enero de 1999, Botín, en su calidad de presidente del Banco Santander, y Amusátegui, en su propio nombre, firmaron un contrato privado en el que se regulaban las "consecuencias del cese en el servicio activo de José María Amusátegui". En ese acuerdo se establecía una pensión vitalicia de jubilación por cuantía equivalente al ciento por ciento de las retribuciones percibidas el año anterior a su jubilación, más una remuneración vitalicia equivalente al 70% de la que reciba un consejero en activo, y un bonus de 43,75 millones de euros.
El acuerdo fue ratificado por la junta general ordinaria de accionistas del Santander el 6 de marzo de 1999.
En el primer consejo de la entidad fusionada se nombró a Corcóstegui vicepresidente primero y consejero delegado. En ese consejo se aprobaron también los contratos y remuneraciones. El 19 de abril se firmaron otros contratos de alta dirección que afectaron, entre otros, a Corcóstegui.
En agosto de 2001 se produjo la renuncia de Amusátegui en los cargos que desempeñaba en el banco y percibió los 43,75 millones.
Corcóstegui, a su vez, pactó la percepción de 108.182.178 euros en conceptos de prejubilación y jubilación. Practicada la retención, el importe neto percibido fue de 56.254.733 de euros. Las condiciones fueron aprobadas por la comisión de retribuciones, el consejo y la junta de accionistas.
El fiscal destaca la licitud civil de las retribuciones de José María Amusátegui y Ángel Coscóstegui y, tras señalar los "confusos contornos del delito societario", descarta que exista delito, pues no ha habido "actos de disposición fraudulenta".
