Un abogado asesor de CPV declara que los contratos de la promotora eran "demenciales" y "aberrantes"

José María del S., ex abogado del gabinete jurídico de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), declaró ayer ante la juez que desde 1999 -fecha en la que entró a trabajar en la promotora- se percató de que los contratos que la promotora suscribía con los clientes eran "demenciales", "incomestibles" y "aberrantes jurídicamente", y así se lo hizo saber al director general de la empresa, Francisco García Moreno. Éste le respondió que era así como se debían hacer.

El abogado compareció en calidad de testigo ante la juez suplente del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, Mercedes Gutiérrez, que investiga la supuesta estafa a unas 1.200 familias que dejaron una señal para comprar viviendas en los nuevos barrios del norte de la capital.

El abogado declaró que García Moreno "hacía las cosas y luego las pasaba a la asesoría jurídica. La asesoría era posterior a la acción". También reconoció que sabía que dichos contratos "jamás se iban a poder cumplir". A pesar de ello, el letrado no puso dichas irregularidades en conocimiento de ningún cliente, aunque rescindió su contrato con la empresa de forma voluntaria en 2001, cuando, según dijo, se colmó su paciencia.

No tenía terrenos

En este sentido, explicó que sabía que a finales de 1999, CPV no tenía terrenos para hacer frente a las ventas que había realizado. Igualmente, señaló que las cantidades que los clientes entregaban no estaban aseguradas y que cuando él dejó la empresa seguían sin estarlo. Pese a ello, tuvo que seguir informando a los ahora afectados de que las cosas iban bien, sin advertirles de las irregularidades que veía en la actuación de la sociedad.

Por otro lado, el letrado dijo intuir que los ingresos de la promotora procedían de las cantidades que entregaban los compradores de viviendas en los nuevos barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo, y que los gastos de la promotora se sufragaban con ese dinero.

Finalmente, el abogado aseveró que García Moreno era un señor "de ordeno y mando", que daba las cosas hechas, y que, a pesar de que se le aconsejó que reuniera a los clientes para explicarles la situación en la que se encontraba CPV, no quiso atender dichas advertencias.

Además, ayer declaró Petronila S. M., la esposa del director general de CPV, Francisco García Moreno, que manifestó ante la juez que ella no participaba "en ninguna decisión de la empresa", donde trabajaba "sacando copias" o "haciendo alguna gestión de recados". "Las decisiones de la empresa las tomaba mi marido únicamente", añadió la mujer de García Moreno.

Así lo indicaron fuentes jurídicas, que añadieron que Petronila también relató a la juez que solía sustituir a las personas de recepción cuando éstas no estaban.

En noviembre de 2002 ingresaron en prisión los administradores de CPV, los hermanos Miguel Ángel y Francisco Javier García Sánchez y Miguel Angel Morillo del Pozo, y García Moreno; y los cuatro se encuentran en libertad provisional desde el pasado 20 de diciembre.