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La Generalitat distinguirá y resarcirá a las víctimas de actos terroristas

Cotino afirma que persiste la amenaza de atentados contra el turismo

El Consell acordó ayer modificar el decreto de creación de la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana que fue aprobado en 1986 para reconocer "cuantas actuaciones o servicios eminentes hayan sido prestados en defensa de los intereses generales y peculiares de la Comunidad Valenciana". En adelante, el más alto reconocimiento de la Generalitat, que se entrega en la ceremonia que abre los actos institucionales del 9 d'Octubre, se destinará a las víctimas del terrorismo. La Alta Distinción se concederá a título póstumo a los familiares más próximos de los fallecidos a consecuencia de actos terroristas registrados en territorio valenciano o que afecten a ciudadanos valencianos.

Francisco Camps, presidente de la Generalitat, anunció hace dos semanas ante sus altos cargos que la próxima fiesta institucional del 9 d'Octubre incluiría un homenajes a la Constitución y un reconocimiento a las víctimas del terrorismo. La modificación del decreto de creación de la Alta Distinción, aprobada ayer por el pleno del Consell, extiende a futuras ediciones de la jornada institucional el reconocimiento a las víctimas de atentados terroristas "de y en" la Comunidad Valenciana, según explicó Víctor Campos, consejero de Justicia y Administración Pública, en rueda de prensa.

Campos apuntó que "la Comunidad Valenciana es susceptible de sufrir atentados terroristas", como ha quedado patente a lo largo de los dos últimos veranos, para explicar el acuerdo del Consell.

Según el texto de la nota oficial, "para el gobierno valenciano es evidente que entre quienes han defendido los intereses de la Comunidad Valenciana y, más aún, los valores esenciales que permiten una convivencia en paz y libertad figuran en primer lugar los que han perdido su vida como víctimas del terrorismo o quienes han sufrido directamente sus secuelas".

La Alta Distinción se concederá a los familiares de las víctimas mortales de actos terroristas. El decreto original restringía a tres personas o instituciones el máximo de receptores del galardón en cada edición de la jornada institucional del 9 d'Octubre. La modificación permite que se supere esa limitación.

El nuevo decreto introduce también otra distinción destinada a "las personas heridas o secuestradas en actos terroristas, a los Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Autonómica y Local distinguidos en actuaciones concretas en la lucha contra el terrorismo", según la nota oficial. Tal distinción se extenderá a las entidades o personas que realicen "actividades notorias para paliar situaciones personales o colectivas de las víctimas y sus familiares más cercanos". Por último, en una tercera categoría, va dirigida a "quienes salven personas en grave riesgo" como consecuencias de "catástrofe o cualquier otra situación, o bien colaboren de modo determinante en el restablecimiento de la normalidad en zonas afectadas".

Víctor Campos evitó precisar si tal distinción se podría extender a los valencianos que puedan sufrir atentados terroristas en el extranjero, por ejemplo a manos de la resistencia iraquí, pero no descartó esa posibilidad.

Si el consejero de Justicia apuntó en Valencia que el territorio valenciano "es susceptible" de sufrir actos terroristas, Juan Cotino, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, subrayaba en Alicante que a lo largo del mes de septiembre persiste el riesgo de atentados terroristas contra intereses turísticos, informa Efe. Cotino sugirió que la banda terrorista ETA puede "apoyar" con acciones en cualquier punto de España el denominado plan Ibarretxe, que el lehendakari prevé someter al Parlamento vasco dentro de dos semanas. "Estas fechas son delicadas", subrayó Cotino.

El Delegado del Gobierno dijo que los atentados terroristas contra intereses turísticos no deben relacionarse con "fechas" aunque históricamente siempre se han registrado a partir de Semana Santa. Y añadió: "Eso no quiere decir que por cualquier otra causa que se desconoce puedan hacer algo en cualquier momento".

Para redondear la jornada, el Consell aprobó en su reunión plenaria un anteproyecto de ley de ayuda y resarcimiento a las víctimas del terrorismo que hayan sufrido atentados en la Comunidad Valenciana. La iniciativa legal eleva entre un 10% y un 30% y con carácter subsidiario las indemnizaciones que el Estado concede a personas o instituciones para paliar los daños corporales, tanto físicos como psíquicos, y los daños materiales provocados por actos terroristas. Otros gobiernos autonómicos, como el de Madrid, han aprobado ya iniciativas similares, según Campos.

El anteproyecto alude a los daños materiales registrados en viviendas, instalaciones, mobiliario o pertenencias de las víctimas, y extiende las indemnizaciones a los daños producidos en sedes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales o personas jurídicas en general. Incluye la reparación de vehículos y apunta que la Generalitat ofrecerá las prestaciones asistenciales que puedan requerir las víctimas de atentados en los ámbitos sanitario, educativo, residencial o laboral.

El mismo anteproyecto regula la posibilidad de conceder subvenciones a "asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, que desarrollen programas asistenciales dirigidos a paliar situaciones personales o colectivas de dichas víctimas".

Propiedad intelectual e industrial

El calibre del fraude y las actividades ilícitas que violan los derechos de propiedad intelectual e industrial, las marcas de calidad o las denominaciones de origen de productos agroalimentarios ha adquirido tal proporción que ha forzado al Consell a tomar cartas en asunto. Víctor Campos, consejero de Justicia y Administraciones Públicas, anunció ayer un acuerdo del Consell para crear una comisión interdepartamental que integrará a los departamentos de Agricultura, Industria y Cultura que actuará contra el fraude y velará por la autenticidad y calidad de los productos agroalimentarios valencianos.

La comisión, coordinada por el responsable de Justicia, establecerá las directrices que deben seguir los distintos departamentos de la Generalitat para intentar atajar el problemas de las falsificaciones; pactará acciones conjuntas con otras Administraciones para combatir el problema; propondrá fórmulas operativas a los responsables de la Policía Autonómica y Local como responsables de la persecución de las actividades ilícitas; sensibilizará a los ciudadanos y las organizaciones sociales en la necesidad de proteger la propiedad intelectual e industrial; y estimará estadísticamente de forma periódica los resultados de su actividad.

Campos apuntó en rueda de prensa la especial trascendencia que han alcanzado las actividades ilícitas contra la propiedad intelectual o las marcas, especialmente en los centros de las ciudades y en las zonas turísticas, que están "fuera del control" de los ayuntamientos. Y subrayó que el fraude que identificó como "top manta", en alusión a las copias ilegales de discos compactos que se venden en puestos callejeros, perjudica tanto a los comerciantes y a las industrias como a los consumidores. Como ejemplo, citó las gafas de sol que se ofrecen en todos los mercadillos playeros y que carecen de las mínimas garantías.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de septiembre de 2003

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