Sacar los colores a los viajeros

No hay ofertas especiales para los que quieran volar mañana en Estados Unidos ni cambios en el número de vuelos programados, que serán, como cada día, alrededor de 27.000. Eso quiere decir que, por lo que respecta al tráfico comercial aéreo, el segundo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington no tiene prácticamente repercusiones. Por ahora: tanto el Gobierno como la industria tienen planes, desvelados por The Washington Post, que, si se confirman, serán aplicados el próximo año y alcanzarán un nivel de precaución mucho más agresivo que lo que hasta ahora se conoce.

El núcleo central del plan revelado por el diario de Washington consiste en bucear en la identidad del pasajero para, según los resultados de la búsqueda, asignarle un color. Los que obtengan el verde deberán enfrentarse sólo a las habituales complicaciones que supone volar; los que tengan amarillo atravesarán un pequeño calvario de preguntas y comprobaciones; a los que se les atribuya el código rojo, sencillamente, no volarán.

Cualquier amenaza que surja al contrastar los datos activará los códigos de colores

Hasta ahora, el sistema informático de los aeropuertos actúa -exigiendo revisiones más concienzudas- a partir de algunos elementos: por ejemplo, cuando se vuela con un billete sólo de ida o cuando ese billete ha sido pagado en metálico. En el mundo posterior al 11 de septiembre, muchos creen que se impone la necesidad de saber muchas más cosas de la gente que se sube a un avión. En eso coincide la mayoría de los viajeros, que quieren más garantías a la hora de volar.

¿Qué datos se van a tener en cuenta a la hora de repartir colores? En primer lugar, el organismo que se encarga de la seguridad aérea en EE UU (TSA) recibirá los datos del pasajero: nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento e itinerario. Cualquier amenaza que surja al contrastar los datos facilitados con otros bancos de datos activará los códigos de colores. El problema es que los bancos de datos serán tanto privados como públicos: el aviso sobre el nivel de inseguridad del pasajero puede proceder de que sea un tipo buscado por el FBI o de que sea una persona detectada por haber falsificado documentos o información al comprar un coche.

Los cálculos citados por el Post dicen que los que elaboran el programa cuentan con que 9 de cada 10 pasajeros serán verdes -sin que ellos lo sepan, porque nunca habrá una identificación formal- y podrán proceder sin mayores inconvenientes; un 8% de los viajeros podría activar la alerta amarilla, con lo que se les aplicará un interrogatorio más concienzudo. El 1% o 2% a los que el sistema informático dé el color rojo se quedarán en tierra. "Van a ser muchos menos que a los que ahora mismo se les impide volar, pero creemos que van a ser las personas que no deberían volar", en palabras de Robert Johnson, portavoz de la TSA.

Pero desde el punto de vista de organizaciones de diferente orientación preocupadas por los derechos democráticos y por la defensa de la intimidad, el plan no es nada tranquilizador, por los errores que puede cometer, por la invasión en la vida personal de los viajeros y por el instrumento monstruoso que crea, semejante a un Gran Hermano volante dedicado a un escrutinio feroz de todos los que toman un avión en o hacia EE UU.

Las compañías aéreas, sin embargo, quizá valoren las ventajas del futuro sistema: menos gente dedicada a tareas de seguridad, menos colas, menos retrasos. En cuanto a los pasajeros, parece haber también una amplia mayoría que respaldaría incrementar las exigencias de seguridad. Un sondeo hecho en un centenar de aeropuertos indica que el 83% de los viajeros se queja de la falta de medidas de seguridad o de la falta de coherencia, porque están en manos de líneas aéreas y de aeropuertos que tienen normas diferentes. En cuanto a los nuevos pasaportes de lectura óptica que EE UU se disponía exigir a partir del 1 de octubre para entrar en el país sin visado, el Departamento de Estado comunicó ayer que está dispuesto a aplazar la medida un año, y así se planteará en una inminente reunión con representantes de la UE.