Colectivos cívicos se oponen a que el PP desproteja El Cabanyal y el Benacantil

El anuncio hecho el sábado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de modificar la Ley de Patrimonio para desbloquear proyectos como la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar en Valencia o la construcción de un palacio de congresos en la ladera del Monte Benacantil en Alicante, causó desconcierto en los colectivos cívicos que se oponen a ambos proyectos.

La plataforma Salvem El Cabanyal-Canyamelar aseguró ayer que el anuncio del presidente "hace inútil" la sentencia pendiente del TSJ, que aún no se ha pronunciado sobre el plan de El Cabanyal. El colectivo acusó al Gobierno del PP de actuar "por encima de la ley y no como un partido democrático".

Carmen Vila, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia -entidad que recurrió el proyecto de prolongación - dijo no entender "que el Consell desproteja El Cabanyal para facilitar la especulación". "Pero sobre todo me maravilla que el presidente haga este anuncio cuando todavía está en contencioso [judicial]", agregó la presidenta. Vila pidió al Consell prudencia "porque nos jugamos el futuro de un barrio emblemático, parte de nuestro patrimonio cultural".

En contestación, el director general de Política Lingüística y Patrimonio de la Generalitat, David Serra, manifestó ayer que el Consell del PP "espera una sentencia favorable al proyecto de actuación en El Cabanyal, y la reforma de la Ley de Patrimonio no está diseñada ni pensada para Valencia sino para todos los municipios valencianos".

En Alicante, el anuncio también irritó a los colectivos cívicos que se han manifestado contrarios a la construcción de un palacio de congresos en el Benacantil. Paco Huesca, del colectivo Salvem el Benacantil, consideró que la reforma es "de una insensatez manifiesta". "Si modificamos la ley para hacer lo que nos apetezca, ¿para qué sirve la ley? Es una barbaridad", dijo Huesca, quien recordó que el entorno del Benacantil es un bien protegido y debe salvaguardarse.

"Es una brutalidad impresionante. Es como si alguien roba, y el ladrón cambia la ley para salir intacto", ironizó Huesca. Ángel Franco, secretario local del PSPV y concejal en el Ayuntamiento de Alicante, dijo que este anuncio es "una falta de respeto clara a la voluntad de los alicantinos".