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David contra Goliat

Una cumbre autonómica debate este miércoles el modelo de comercio entre grandes y pequeños establecimientos

La pugna entre el comercio tradicional y la gran superficie vuelve a ser objeto de debate esta semana. Economía sentará ante una misma mesa a los responsables del sector de cada comunidad autónoma en busca de un acercamiento de posiciones que no parece fácil, porque 10 comunidades se muestran hostiles al avance de las grandes superficies. Una cumbre que ignorará la liberalización plena de horarios, la patata caliente del sector, cuestión que se ha aparcado hasta después de las elecciones generales del próximo mes de marzo.

Diez comunidades frenan el avance de las grandes superficies y Anged asegura que hay inversiones congeladas por 2.800 millones de euros
La pugna es generalizada y afecta a Gobierno central y regionales, grandes superficies, supermercados y pequeños comerciantes

El comercio tradicional y las grandes superficies de distribución mantienen una larga lucha en la que no parecen dispuestos a ceder un solo metro al adversario. Un contencioso que enfrenta dos posturas a simple vista contrapuestas a la hora de interpretar el mercado, pero también dos concepciones políticas diametralmente opuestas. Una materia que divide a las comunidades autónomas en dos bandos: el de las que retrasan la apertura de nuevos centros comerciales y el de las que acogen los nuevos proyectos sin poner ninguna clase de trabas.

La pugna entre el David y el Goliat del comercio somete a un baño de cifras a la opinión pública cada cierto tiempo, en una batalla mediática que no parece encontrar epílogo. Las últimas semanas no han constituido una excepción a esta norma, por la proximidad de la reunión que el próximo miércoles mantendrá el Ministerio de Economía con los titulares de las consejerías que llevan esta materia en las comunidades autónomas.

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha difundido hace un par de semanas cifras sobre la presión de las grandes superficies sobre el pequeño comercio. Entre 1997 y 2002, los establecimientos de toda la vida han perdido el 46,2% de su cuota de mercado, que ha ido a manos de los grandes de la distribución. Las estadísticas de las asociaciones de las grandes empresas no parecen contradecir estas cifras: en los últimos cinco años se han abierto 122 nuevos centros comerciales, con una superficie global cercana a los tres millones de metros cuadrados (incluidas ampliaciones), según datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC). El tamaño de estos megacentros ha crecido casi un 58% en un lustro, frente a los algo más de cinco millones de superficie de finales de 1997.

Dos posturas

Las comunidades autónomas han afrontado la cuestión del comercio minorista con dos posturas contrapuestas. Unas se han decantado por la libertad total de establecimiento de las grandes superficies y el resto ha decidido frenar la implantación de centros comerciales. Andalucía, Castilla y León, Asturias, Navarra, Cantabria y Aragón han aplicado moratorias explicitas para la apertura de estas superficies, mientras Cataluña, País Vasco, Canarias y Baleares han aplicado retrasos camuflados a través de la aplicación de cuotas de mercado o criterios como el tamaño de la población.

"Se ha tratado de contraponer dos Españas enfrentadas al abordar los problemas de la distribución minorista. Pero la realidad resulta bastante distinta. Las grandes superficies y el comercio tradicional son fórmulas complementarias en la práctica, cada una de ellas con sus factores de competitividad específicos. El comercio tradicional explota sus características de proximidad y trato personalizado, mientras la gran superficie ofrece una gama mucho más amplia de productos, devoluciones, horarios, pagos aplazados y otras ventajas", aseguran fuentes de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). La patronal de establecimientos como Carrefour, Hipercor, Alcampo o Eroski recuerda que en una comunidad como la de Madrid, donde existe la mayor flexibilidad, con apertura de 21 festivos, el comercio ha crecido en cuatro años en 45.000 empleos y en casi 4.000 establecimientos.

Complementariedad

Los analistas también apelan a la complementariedad entre ambas fórmulas del comercio como método de entendimiento entre los dos frentes que han surgido no sólo en el mercado, sino también en la política. "El comercio minorista y las grandes superficies son dos piezas diferenciadas dentro del puzzle del sector de la distribución. Mientras las ventajas competitivas de los minoristas radican en la proximidad geográfica y, sobre todo, en el trato y asesoramiento personalizados al cliente, las grandes superficies se benefician de la diversidad de su oferta y de la capacidad de ser más competitivos en precios", asegura Javier Hergueta, el experto del sector de Ahorro Corporación.

En medio de toda la pugna desatada se encuentran las necesidades del consumidor. Si fuera por éste, el asunto se habría resuelto hace mucho tiempo. "La realidad social es imparable y así ha sucedido en Europa y en Estados Unidos. Se trata de un tema de competitividad, hay que ser eficiente y adaptarse a lo que el cliente quiere. ¿Cuánto pueden retrasar los pequeños comercios la liberalización total? Todo va a depender de la capacidad de presión de cada grupo y del calendario electoral", asegura un analista bancario del sector comercial.

La aplicación de moratorias para la apertura de centros comerciales por parte de las 10 comunidades autónomas mencionadas ha supuesto la paralización de 61 proyectos de esta naturaleza, con una inversión global de 2.800 millones de euros, asegura Anged. La patronal de la gran distribución advierte que esta actitud ha congelado la creación de 17.200 puestos de trabajo. "El pasado año, la inversión del conjunto de nuestros asociados descendió en 500 millones de euros, lo que ha representado la imposibilidad de creación de 5.000 puestos de trabajo", indica Anged.

En las comunidades donde existen barreras de entrada para las grandes superficies, las empresas de distribución han optado por utilizar sus supermercados como punta de lanza de su crecimiento. De esta forma, la mitad de la superficie abierta el pasado año correspondió a este tipo de establecimientos. Todos los grandes grupos cuentan con filiales de supermercados, que están utilizando para su expansión en las comunidades hostiles. Carrefour dispone de Dia y Champion, El Corte Inglés cuenta con Opencor y Superior, Alcampo tiene Sabeco, y Eroski se ha hecho con el Grupo Mercat.

La batalla del comercio implica a todos, actores, reguladores y espectadores. Precisamente los supermercados se encuentran a la greña con la gran superficie. La patronal que los defiende, Asedas, ha demandado a Carrefour por política de venta por debajo de los precios de adquisición en nueve comunidades autónomas. Según Aseda, la cadena de híper ha lanzado durante este verano varias campañas de cervezas, vinos y licores por debajo del precio de compra.

La contienda es generalizada. Todos contra todos, como lo demuestran fuentes de Anged cuando aseguran que el marco legal general y autonómico "tampoco ha servido para proteger al pequeño comercio, que ha seguido perdiendo cuota de mercado en beneficio de otras grandes empresas que operan en el sector. Establecimientos de tamaño mediano y que tienen menores trabas legales para su crecimiento, como los supermercados".

El gran caballo de batalla del sector es la liberalización de los horarios comerciales. Una cuestión que el Gobierno ha decidido aplazar hasta después de las elecciones generales de marzo de 2004. La Ley de Comercio de 1996 preveía la total flexibilización de horarios para el año 2001, pero el Decreto-ley de junio de 2000 aplazó esta iniciativa hasta el año 2005. El Gobierno que salga de las urnas y las comunidades dispondrán de nueve meses para alcanzar un acuerdo.

La diferencia de criterios entre las distintas comunidades autónomas en esta materia es abismal. La Comunidad de Madrid defendió para este año un modelo de apertura de 25 festivos en este año, que se quedó en 21, frente a la petición de los 19 previstos por parte de los pequeños comerciantes y los sindicatos. Cataluña se decanta por el planteamiento más alejado de éste dentro de su protección del comercio tradicional, y además ha presentado ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley para volver al modelo de 1996, con una apertura máxima de 72 horas semanales y ocho domingos y festivos al año.

"Mientras se mantenga la cesión de competencias en esta materia a las comunidades autónomas y el comercio minorista catalán siga formando un lobby de presión importante, con un notable peso específico, las posibilidades de pervivir del modelo vigente en Cataluña son elevadas. Para las grandes cadenas tiene más sentido asumir las restricciones impuestas que replegar sus velas en la zona, una vez que su inversión ya está hecha", indica Javier Hergueta.

Existe un sistema de doble licencia para la apertura de las grandes superficies, que exige el visto bueno no sólo del ayuntamiento, sino también de la comunidad autónoma. Los gobiernos regionales no están dispuestos a ceder este privilegio. Entre ellas se encuentra Cataluña, que en 1991 estableció una moratoria de cuatro años para la apertura de nuevos centros comerciales. Las comunidades autónomas no sólo frenan la liberalización del sector a través de estas medidas. También lo hacen imponiendo elevados impuestos comerciales a las grandes superficies.

Defensa de la Competencia

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) se ha mostrado contundente a la hora de analizar la situación del sector. En su Informe sobre condiciones de competencia en el sector de la distribución comercial, encargado por el Ministerio de Economía, asegura que la actitud de las comunidades autónomas constituye un obstáculo para la competencia, que se traduce en un perjuicio para los precios, las inversiones y el empleo. Las conclusiones de este informe no son vinculantes para las administraciones autonómicas, aunque sí constituyen un referente de primer orden para que Gobierno y regiones clarifiquen y desarrollen una norma más flexible. "En las comunidades autónomas existen más de 700 normas legales que regulan el comercio minorista", comentan fuentes del sector.

El establecimiento de barreras de entrada para las grandes superficies en determinadas autonomías se debe a la Ley de Comercio de enero de 1996, que estableció la posibilidad de limitar la apertura de grandes superficies, política que han aplicado las 10 comunidades reseñadas.

¿Cuáles son las posibilidades de éxito de la negociación para liberalizar el sector? "Es difícil lograr un acuerdo que no perjudique a ninguna de las partes, puesto que el comercio minorista tiene mucho que perder ante un hipotético cambio en la situación actual, mientras que para las grandes superficies cualquier avance o acuerdo supondría una ganancia con respecto a la posición en la que se encuentran. La clave radica en hasta dónde están dispuestos a ceder los minoristas en sus negociaciones y de ello depende que el resultado final beneficie más o menos a las grandes cadenas", asegura Javier Hergueta. Los expertos esperan pocos avances para la próxima reunión, a no ser la búsqueda de una política común en las comunidades gobernadas por el Partido Popular.

En los últimos cinco años se han abierto 122 nuevos centros comerciales en España.
En los últimos cinco años se han abierto 122 nuevos centros comerciales en España.

Nueve meses para alcanzar un acuerdo

La negociación para alcanzar un acuerdo sobre los horarios comerciales, la cuestión más polémica que enfrenta a pequeños establecimientos y grandes superficies, contará con un periodo de gestación máximo de nueve meses. El Gobierno no quiere tocar un tema políticamente incorrecto antes de las elecciones generales de marzo, mientras la liberalización plena de horarios está prevista para marzo de 2005.

Convergencia i Uniò (CiU) ya ha advertido que para que el Ejecutivo que salga de las urnas cuente con su apoyo deberá respetar el modelo catalán, que defiende el comercio minorista. Los convergentes recurrieron la liberalización de horarios ante el Constitucional y, ante las expectativas de retraso en la decisión del alto tribunal, han presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en la que defienden la vuelta al modelo de aperturas que existía hasta 1996, con un máximo de 72 horas semanales y 8 domingos y festivos al año.

Convergencia solicita la derogación del artículo 43 del Real Decreto-Ley 6/2000 de intensificación de la competencia en el mercado de bienes y servicios. Sobre este artículo se han presentado ya otros siete recursos de inconstitucionalidad por parte de las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra.

El modelo que propone CiU no es otro que la vuelta al que existía en 1996 y que gozaba del acuerdo entre todas las comunidades autónomas. Este modelo otorgaba a los Gobiernos regionales la competencia para decidir en sus territorios los horarios a aplicar por parte del comercio.

La proposición de ley presentada por Convergencia establece una serie de comercios que podrán autorregular sus horarios de apertura y cierre. Se trata de establecimientos de venta de pan, pastelería, combustible y prensa. La propuesta catalana contempla, asimismo, que las tiendas en puntos fronterizos o turísticos también se autorregulen.

Los pequeños comerciantes facturaron 28.000 millones de euros en 2002, de los que el 87% corresponde a locales situados en el casco urbano y un 13% a locales situados en grandes superficies. Las ventas en los hiper aumentaron el 5,9% en Cataluña durante el pasado año, la mitad que en el resto de España, donde se incrementaron casi el doble, el 11,50%.

Un tirón de orejas a las comunidades autónomas

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha venido a otorgar aún más argumentos al Gobierno en su cruzada por liberalizar el comercio minorista.

Un informe de Defensa de la Competencia encargado por el Ministerio de Economía arroja tres conclusiones contundentes sobre la receta a seguir para mejorar el sector: las comunidades autónomas deben liberalizar las condiciones para abrir nuevos establecimientos, hay que alcanzar la libertad plena de horarios comerciales y los movimientos de concentración del sector deben seguirse con especial cuidado.

Las conclusiones de Competencia constituyen un arma más a favor de la liberalización del sector, mientras el pequeño y el gran comercio dirimen una pugna mediática de especial relevancia, porque afecta de una forma directa a los ciudadanos.

"Las barreras de entrada impuestas por muchas comunidades autónomas amenazan con crear situaciones de monopolio, en especial en los casos de fusión o integración de empresas", indica el tribunal.

El Informe sobre condicio nes de competencia en el sector de la distribución comercial establece que la libertad de horarios "expande el ámbito de elección de los ciudadanos". El estudio aconseja modificar la legislación de las comunidades autónomas en lo relacionado con grandes superficies comerciales en una serie de aspectos, entre los que se encuentran la utilización de moratorias para conceder licencias comerciales, las limitaciones a los pequeños establecimientos o la exigencia de estudios de viabilidad para autorizar la construcción de nuevos centros.

El tribunal que preside Gonzalo Solana se muestra concluyente en cuanto a los aspectos negativos que presenta el comercio minorista en España en las ocho conclusiones sobre el estado de salud del sector. "No es admisible limitar la libertad de la empresa, tanto en cantidad como en tiempo, en aras de una protección mal entendida al pequeño comercio. Se está obligando artificialmente a mantenerse en el mercado al empresario que carece de flexibilidad para adaptarse al perfil de su demanda. Por el contrario, la libre competencia asegura una mejor asignación de los recursos sometiendo a las empresas a la disciplina del mercado", advierte el tribunal.

Indica que la actual normativa trae consigo una "falta de competencia que otorga privilegios a las empresas líderes ya instaladas" y asegura que la falta de competencia repercute "en el empleo, la inversión y, en última instancia, en el nivel de precios de toda la economía".

Defensa de la Competencia carga contra la normativa de las comunidades autónomas, a las que acusa de limitar la competencia en este sector, no sólo al impedir la apertura de nuevos centros comerciales, sino también los establecimientos que denomina de "descuento duro", lo que beneficia a los establecimientos ya instalados.

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