IU impide un acuerdo unánime del Parlamento sobre la disolución del Ayuntamiento marbellí

Izquierda Unida, con el apoyo del grupo mixto, impidió ayer que el Parlamento de Andalucía aprobase por unanimidad una iniciativa sobre la disolución del Ayuntamiento de Marbella, tras la moción de censura interpuesta por 14 tránsfugas (ocho del GIL, tres del PSOE y tres del PA) el pasado 13 de agosto. Pese a que la foto final quedó algo deslucida, la Cámara, con los votos de socialistas, populares y andalucistas, instó a los Gobiernos andaluz y central a que elaboren informes que sustenten legalmente la posibilidad de disolución contemplada en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL).

El debate ayer de dos iniciativas sobre Marbella -una presentada por PSOE, PP y PA, y otra, de IU y mixto- en comisión parlamentara fue una de esas escasísimas ocasiones en las que hay un acuerdo total entre socialistas y populares, cuyos portavoces, José Caballos y Antonio Sanz, eliminaron de sus discursos las visiones partidistas.

Como estaba previsto, el Parlamento aprobó una batería de medidas en defensa de la legalidad en el municipio de Marbella -una localidad de algo más de 100.000 habitantes que desde 1991 hasta 2003 ha votado por mayoría absoluta al GIL- y aunque la mayoría salieron adelante por unanimidad, la que hacía referencia a la disolución sólo recogió los votos de PSOE, PP y PA.

Fue un traspié que afeó el conjunto e impidió lanzar un mensaje de unidad de acción absoluta de los cinco grupos parlamentarios. El motivo de la discrepancia es que IU pide que el Gobierno andaluz inste al central a abrir ya el expediente de disolución, sin esperar a la elaboración de informes que avalen legalmente esa petición. "¿Qué tiene que pasar más para que se considere que se ha dañado el interés general? Hay 10.000 viviendas sin equipamientos educativos, se ha inhabilitado a Jesús Gil, se han robado 18 sumarios, se ha suicidado un funcionario judical, se ha robado, se ha saqueado el Ayuntamiento y se ha corrompido el poder judicial".

Sin ninguna discrepancia sobre este relato de hechos, respondió Caballos: "Tenemos que ir a la disolución con la razón y la legalidad en la mano y no yéndonos a la última escena de la película. La disolución de hoy abre la puerta a la disolución de mañana. Si no hay atajos contra el terrorismo tampoco puede haber atajos contra un fenómeno como el GIL". Y el popular Antonio Sanz argumentó: "Ni el Gobierno ni la Junta pueden disolver el Ayuntamiento de Jesús Gil o el del señor Julián Muñoz, sino al nuevo gobierno municipal y ahí es dónde tiene que estar la base legal. Una decisión de esta magnitud no se puede tomar abriendo un expediente y rellenándolo después. Es al revés y si hay soporte legal entonces se toma la decisión".

Entre las medidas acordadas por unanimidad por los cinco grupos figuran la de exigir al Ayuntamiento de Marbella la revisión de todos los acuerdos adoptados que hayan podido conculcar la legalidad; pedir a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que "acelere" las investigaciones sobre las motivaciones de la moción de censura; defender el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como la "única norma legal" que rige en materia de urbanismo; y coordinar las actuaciones de todas las fuerzas políticas para que Marbella retorne "a la senda de la legalidad".

El portavoz del grupo andalucista, Jesús González, sólo intervino para decir seis palabras -"la iniciativa se da por defendida"-, pese a los nada disimulados intentos del mixto Ricardo Chamorro por chincharle con alusiones a los "intereses oscuros" del PA.