Rajoy y Santillana: modelo de Estado y de partido

La coincidencia -nada casual- entre la designación del sucesor de Aznar y la reunión de los dirigentes del PSOE sobre política autonómica permite extraer lecciones políticas de interés, al contraponer dos modelos de Estado y de partido.

Primer episodio. Con habilidad táctica, Aznar ha acelerado la proclamación pública de su sucesor. El proceso que lleva a la designación de Rajoy tiene pocos precedentes en partidos democráticos, si exceptuamos el reciente ejemplo de la unción de Mas por Pujol. De modo muy estricto -por ejemplo, el Partido Conservador británico, o de manera menos formal la derecha francesa en sus múltiples versiones-, los partidos someten a discusión la selección de su candidato a la presidencia del Gobierno y a la dirección del partido. No es habitual un sistema inspirado en el Imperio Romano: el emperador adoptaba a su sucesor y lo sometía luego el refrendo entusiasta de un Senado de notables. Incluso el "dedazo" mexicano -cuando el presidente saliente del PRI proclamaba sin debate alguno el nombre de su sucesor- está en revisión en la actual transición de México a una democracia plena.

El episodio de la Moncloa puede calificarse de modos diversos. ¿Prueba de la solidez de un partido que sintoniza de forma espontánea y unánime con su presidente? ¿Demostración del control unipersonal ejercido por un dirigente máximo sobre toda decisión importante? ¿Déficit de democracia interna? ¿Confianza ciega en un líder acreditado por una eficaz refundación del partido, avalada por el éxito electoral? A cada uno le tocará dar respuesta a estos interrogantes.

Segundo episodio. Los llamados barones del PSOE -propiamente, su Consejo Territorial- aprueban en Santillana un documento sobre la reforma del Estado de las autonomías. El texto recoge transacciones entre perspectivas y actores diferentes: dirigentes que gozan de sólidas mayorías de gobierno y otros que se hallan en la oposición, comunidades que cuentan con tradición de reivindicación nacional y comunidades que han estrenado con ilusión y éxito su primera experiencia de autogobierno, situaciones de desarrollo socioeconómico confortable y situaciones que empiezan a superar un atraso secular. La propuesta del PSOE responde a esta variedad de posiciones, como punto de encuentro más avanzado respecto de lo que sostenía hasta hace pocos años.

Pudo haberse ido más allá y registrar una afirmación más clara de la plurinacionalidad española, otra redistribución de competencias en beneficio de mejores políticas sociales, una propuesta diferente para la presencia de las comunidades autónomas en el proceso decisional de la UE, un paso adelante para remediar la inadecuación de la Administración de justicia al actual modelo territorial del Estado o un gesto más decidido en la definición de la Administración autonómica como Administración ordinaria en cada comunidad.

Sin embargo, convertir la España plural en un activo de la sociedad española y no en una limitación a soportar es ya un avance muy considerable. Y lo es proponer que esta España plural se refleje en un Senado reformado y en una "conferencia de presidentes autonómicos", aunque cuesta entender que esta conferencia deba reunirse una vez al año cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la UE lo hacen al menos semestralmente. Es un avance denunciar la obsolescencia del modelo centralista de las infraestructuras y apostar por la consolidación de ejes territoriales que respondan a realidades socioeconómicas y culturales. En síntesis, lo que el PSOE afirma con su propuesta es que el modelo de Estado no está cerrado y que puede evolucionar, por modestos que sean por ahora los márgenes de esta evolución.

Pero lo más significativo es que la propuesta socialista nace de un debate interno, en el que han desempeñado un papel nada desdeñable la lucidez y la obstinación de Maragall y sus compañeros del PSC.

Maragall y los socialistas catalanes han tenido que ventilar sus diferencias con las posiciones de los barones territoriales y de otros sectores del PSOE. Y es que el socialismo español tiene la suerte de contar con barones territoriales, dirigentes que representan a orientaciones diversas respaldadas por el apoyo de sus electorados. Es esta diversidad interna -y no una forzosa apariencia de unanimidad- la que podrá hacer creíble la "España plural" que propugnan. Sin decidirse por la normalidad de un "partido plural" -federal en sus estatutos-, no sería viable ni creíble su propuesta de una España plural. Modelo de partido y modelo de Estado han de concordar. Porque una organización que facilita la libre discusión interna de sus proyectos se ajusta mejor a la forma de decidir en las sociedades complejas de hoy y consigue resultados mucho más sólidos que los que ofrece la aparente eficacia de un monolitismo evocador de caudillajes cesaristas o de "centralismos democráticos" de otros tiempos.

Para la política catalana, los episodios de Moncloa y Santillana presentan lecciones de provecho. Para valorar el contenido específico de las propuestas de unos y otros y para decidir quién puede ser el aliado más fiable, nos toca examinar con atención cómo se comportan en su propia casa. ¿Con quién asociarse para avanzar gradualmente hacia un modelo de Estado que responda mejor a las necesidades sociales de la ciudadanía y a las exigencias de la globalización? ¿Con quién apunta formas participadas de decisión interna y esboza proyectos que tienen en cuenta la diversidad de opiniones y tendencias? ¿O con quién manifiesta inclinación por las aclamaciones unánimes, obvia el debate interno y suele confundir la unidad con la uniformidad? Ante esta disyuntiva, la decisión que adoptemos los catalanes y sus fuerzas políticas no será irrelevante para el futuro de nuestra sociedad.

Josep M. Vallès es miembro de Ciutadans pel Canvi.