La Inspección del Poder Judicial propone indagar si dos jueces retrasaron la instrucción del crimen de Benifallim

La Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propondrá hoy a la Comisión Disciplinaria que, en su reunión del 17 de septiembre, abra diligencias informativas para indagar si incurrieron en dilaciones indebidas dos de los jueces que han ocupado en los últimos cuatro años el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcoy (Alicante), que el 26 de agosto puso en libertad al único acusado del triple asesinato de Benifallim (Alicante), por haberse agotado los cuatro años de prisión preventiva.

Los dos jueces a investigar son Natividad Navarro y Javier Latorre, únicos jueces titulares del mencionado juzgado de Alcoy desde que en 1999 se perpetró el triple crimen de Benifallim. A pesar de los cuatro años transcurridos y del hecho de que se tratase de un caso con preso, que exige una tramitación más rápida, no se concluyó la instrucción, por lo que la inspección propondrá indagar a ambos jueces.

El portavoz del CGPJ y miembro de su Comisión Disciplinaria, Enrique López, vocal propuesto por el PP, confirmó a EL PAÍS que de las tres opciones que cabía proponer tras la información obtenida por la Inspección -archivo del caso, expediente disciplinario o diligencias informativas-, los letrados optarán por esta última, "a fin de que se compruebe si las dilaciones producidas en la instrucción han sido indebidas, antes de abrir un expediente disciplinario".

Por su parte, el vicepresidente del Consejo y presidente de su Comisión Disciplinaria, Fernando Salinas, propuesto por el PSOE, expresó sus dudas sobre si lo ocurrido merece un tratamiento disciplinario, "dada la gran cantidad de asuntos descontrolados sin que la Inspección, que depende del presidente, Francisco José Hernando, informe sobre las situaciones de retraso o sobrecarga de órganos judiciales, a fin de que el CGPJ tome acuerdos que eviten casos como éste".

Salinas considera que "el Consejo no puede lavarse las manos y resolver con expedientes disciplinarios lo que requeriría un seguimiento detallado de cada órgano judicial y la aplicación de soluciones ante retrasos de seis o siete años, en lugar de hacer propaganda de lo bien que está la justicia".