La Junta exige al Gobierno reanudar la negociación de nuevos traspasos
El Ejecutivo andaluz propondrá esta semana una reunión técnica
La Junta prevé dirigirse al Gobierno esta misma semana para retomar las negociaciones sobre la liquidación del anterior sistema de financiación autonómica y la transferencia de competencias pendientes. Fuentes del Ejecutivo autonómico indicaron ayer que el objetivo de la Junta es reanudar "a la mayor brevedad" los contactos de carácter técnico para cerrar antes de final de año el traspaso de 24 competencias pendientes.
El Ejecutivo que preside Manuel Chaves reclama un bloque de 24 competencias entre los que destaca el traspaso de la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS) y la cogestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), junto a otras cuestiones menores como el Instituto Social de la Marina (asistencia sanitaria, empleo y formación), los docentes de Instituciones Penitenciarias y los colegios dependientes del Ministerio de Defensa.
Hasta el momento, el Gobierno central ha rechazado el traspaso de la Confederación Hidrográfica del Sur por no discurrir la cuenca totalmente en los límites de la comunidad: el Ministerio de Medio Ambiente aduce que un afluente del Almanzora nace en Murcia. El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, sólo se ha mostrado dispuesto a traspasar a la Junta nueve nuevas competencias antes de que finalice la actual legislatura: el ISM; profesores de religión; centros educativos dependientes del Ministerio de Defensa; docentes de Instituciones Penitenciarias; ejecución de la legislación de productos farmacéuticos; instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría; mediadores de seguros; enseñanzas náutico-pesqueras, y centros de información del Instituto de la Mujer.
Además de tratar de acelerar la transferencia de competencias, la Junta propondrá al Gobierno retomar las negociaciones para buscar un acuerdo definitivo sobre la liquidación del anterior sistema de financiación autonómica, suspendidas desde que concluyera sin éxito la última reunión entre la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, y el secretario general de Haciendas Territoriales del Ministerio de Hacienda, Rafael Cámara, el pasado 2 de julio en Sevilla.
En aquel encuentro, la Administración central condicionó el pago de los 720 millones de euros correspondiente a la liquidación del dos por ciento pendiente de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) del quinquenio 1997-2001 a que la Junta retirara los recursos que tiene interpuestos ante el Tribunal Constitucional, relativos al censo de población y las reglas de evolución del sistema, poniendo fin de esta manera al "conflicto institucional" existente. Para desbloquer ese conflicto, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías propuso que ambas Administraciones se sometiesen a un "grupo de arbitraje", iniciativa que también rechazó el Gobierno central.
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