Chaves asegura que los dirigentes socialistas "hicieron bien" al no ponerse al teléfono a Montaner

El presidente de la Junta y secretario general del PSOE de Andalucía, Manuel Chaves, dijo ayer haber conocido por EL PAÍS que el ex consejero de Economía de su primer gobierno (1990-94), Jaime Montaner, llamó por teléfono al secretario regional de Ciudades y presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, y al delegado provincial de Obras Públicas de la Junta, José María Ruiz Povedano, para hablarles de la moción de censura en Marbella el mismo día en que ésta se presentó en el registro municipal, el pasado 1 de agosto, pero apostilló: "He leído que ni siquiera se pusieron al teléfono, y por lo tanto no hay tema, yo creo que hicieron bien".

Tampoco dijo Chaves conocer la orden dada a los delegados provinciales de las consejerías de la Junta en Málaga para que no atiendan posibles llamadas de Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde de Marbella y expulsada del PSOE por apoyar la moción de censura para derrocar a Julián Muñoz. "Esa directriz no ha salido de mi y creo que tampoco de los consejeros", aseguró, pero recordó algo que consideró "lógico" y es que "las relaciones institucionales por parte de la Junta de Andalucía se establecen con los alcaldes".

Chaves anunció que la delegación socialista que participará en las reuniones con PSOE y PA para estudiar posible soluciones a la crisis política e institucional de Marbella estará formada por un representante de la dirección regional, un miembro de la ejecutiva provincial de Málaga y un tercero de la gestora que dirige el PSOE de Marbella.

El presidente de la Junta recordó que la facultad de decidir la disolución de un Ayuntamiento corresponde el Gobierno de la nación. Definió un segundo escenario de actuación, que se abordará en la reunión tripartita del próximo lunes, y que consiste en la exigencia al nuevo gobierno municipal de que redacte un nuevo PGOU "dentro de la legalidad urbanística", que no conceda licencias ni firme convenios no amparados en el plan vigente de 1986 y la reconsideración de todas las otorgadas "ilegalmente" por el consistorio. Y advirtió de que si no se dan estos pasos en un plazo "procedente", para lo que dijo no existen indicios, se contemplará la hipótesis de la disolución.