El PP ve "normal" que el director madrileño de Suelo permute terrenos

El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Luis Eduardo Cortés, aseguró ayer que es " normal" que el director general de Suelo, José María Erenas Godín, haya permutado una finca propiedad de su familia con una empresa adjudicataria de terrenos públicos. Por otra parte, el PP renunció ayer a modificar las subvenciones en la Asamblea, por lo que los tránsfugas Eduardo Tamayo y Maria Teresa Sáez recibirán 76.412 euros hasta noviembre.

El Partido Popular no ve "nada criticable" en los negocios inmobiliarios que el director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, José María Erenas Godín, realizó con una empresa adjudicataria de terrenos públicos. El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Luis Eduardo Cortés, aseguró ayer que "es una cosa absolutamente normal" que la compañía Whistle S.L., cuyo consejero delegado es Erenas, permutara una finca de 7.308 metros cuadrados propiedad de su madre octogenaria con la empresa Bigeco por 524.445 euros y 13 parcelas "totalmente urbanizadas" en el municipio madrileño de Daganzo, como informó ayer EL PAÍS.

Cortés (en un ligero acceso de misticismo), aseguró que en estos tiempos de "escasa paz espiritual cualquier cosa tiene una trascendencia y se le puede dar una interpretación que va más allá de la normalidad". El portavoz adjunto popular remató: "Si hubiéramos leído ese texto hace seis u ocho meses, nadie le hubiera dado mayor importancia".

El portavoz del PSOE en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, Modesto Nolla, en un tono más terrenal, afirmó que los negocios de Erenas con adjudicatarios de terrenos públicos pueden ser "legales", pero se trata de una actuación "bastante inmoral". Nolla recordó que su partido había pedido la comparecencia de Erenas en la comisión (asistencia denegada por el PP) y que el secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Rafael Simancas, ya había puesto al director general de Suelo como ejemplo de las "vinculaciones de los altos cargos del PP con intereses urbanísticos e inmobiliarios". Nolla dio por desmontada la teoría de la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, quien en la sesión de investidura fallida de Rafael Simancas aseguró que las tres empresas inmobiliarias en las que Erenas aparece estaban "inactivas".

Petición de datos

Nolla y el portavoz de IU, Luis Suárez, pidieron que la comisión de investigación solicitara una declaración de bienes a Erenas y al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, acusado por el PSOE de "mentir" al no mencionar en su comparecencia su relación laboral con la empresa de fotocopias MIC. La iniciativa fue automáticamente tumbada por la mayoría popular en la comisión.

Esa misma mayoría decidió ayer dar marcha atrás en la propuesta de reformar las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios de la Asamblea (propuesta que perjudicaba no sólo a los diputados tránsfugas del Grupo Mixto, Eduardo Tamayo y Maria Teresa Sáez , sinotambién a IU). Tamayo y Sáez recibirán al fin 76.412 euros en concepto de subvención al grupo parlamentario Mixto hasta que se constituya la nueva Asamblea, previsiblemente en noviembre de 2003. La decisión de no modificar las subvenciones se tomó en una reunión informal de los representantes de PP, PSOE e IU en la mesa de la Asamblea.

Por otra parte, Alberto Moreno Lucas y Álvaro Sáez de Castro, ex empleados de Telefónica Móviles acusados de filtrar a los medios de comunicación el listado de llamadas del diputado tránsfuga Eduardo Tamayo, del abogado José Esteban Verdes y del secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada,negaron ayer tener nada que ver con la violación de las comunicaciones de estas personas y aseguraron que sus claves personales de acceso a la base de datos de los abonados las conocían "más de 100 trabajadores" y todos sus superiores en la empresa.

Tras la declaración de los ex empleados de Telefónica le llegó el turno al abogado y empresario Francisco Díaz Moñux, quien afirmó que la querella que ha interpuesto contra él la Fiscalía de Madrid por una supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón "no se ajusta a derecho" y "falta a la verdad".