2.400 denuncias ante los juzgados de la capital por violencia sexista durante 2003

Los 50 juzgados de instrucción de la plaza de Castilla de Madrid han tramitado en el primer semestre del presente año un total de 2.423 denuncias por presuntos malos tratos en el ámbito familiar, según los datos de los jueces de la capital. La cifra de denuncias por violencia sexista es similar a la registrada en el último semestre del año pasado (2.403). Lo que también ha aumentado en el partido judicial de Madrid son los atestados por delitos de abandono de familia (317 en este primer semestre frente a 298 del último de 2002), si bien se han reducido los impagos de pensiones.

El pasado 1 de agosto entró en vigor la ley, que regula la protección inmediata de las víctimas de la violencia doméstica. Esta nueva norma, impulsada por el ministro de Justicia, José María Michavila, permite al juez de guardia adoptar medidas drásticas ante un caso urgente de violencia familiar. Por ejemplo, decidir al instante el alejamiento del agresor de la víctima, cuál de los cónyuges se queda provisionalmente en el domicilio y quién se encarga del cuidado de los hijos.

"Ante la carga de trabajo y consiguientes demoras de los juzgados de familia, muchos despachos de abogados están canalizando hacia el juzgado de guardia asuntos del ámbito del juez de familia, lo que significa criminalizar cuestiones que son puramente de la esfera civil", sostienen fuentes jurídicas. Desde que entró en vigor la ley, raro es el día que no se acerca alguna mujer al juzgado de guardia de Madrid para pedir protección, según estos medios. La mayoría de los casos de maltrato que llegan a los juzgados son fruto de denuncias de parejas de inmigrantes; y, dentro de éstas, destacan las procedentes de Ecuador, según los mismos medios.

También han crecido en Madrid en los últimos seis meses los casos de abandono de familia. Entre enero y el 31 de junio de este año se han interpuesto en los juzgados 317 denuncias por este concepto, frente a las 298 del último trimestre del año pasado. En cambio, y comparando también ambos semestres, han descendido los expedientes por impago de pensiones. Los 345 registrados en el último semestre del año pasado han pasado a 299 en el primero de este año. "No pagar la pensión al cónyuge y dejar a los hijos desprotegidos, está penado incluso con cárcel", según un juez de Madrid.

Uno de los delitos que más han crecido en este primer semestre es el de las amenazas entre personas. Entre enero y junio de este año se han interpuesto 4.294 denuncias por amenazas, frente a las 3.515 del semestre comprendido entre julio y diciembre de 2002. Los delitos de coacciones (chantajes: amenazar a alguien con causarle un mal si no actúa de una forma determinada) también son profusos, aunque se han reducido ligeramente (554 denuncias por coacciones) frente a las contabilizadas en los últimos seis meses del año pasado (578).

Conducir sin seguro

Otra de las infracciones penales que no para de crecer en la capital es la conducción de vehículos sin el preceptivo seguro. En el primer semestre de este año se han tramitado en los juzgados 3.871 atestados contra conductores sorprendidos sin seguro. En los últimos seis meses del año pasado, los agentes enviaron a los juzgados 3.041 atestados de este tipo.

Conducir bajo los efectos de bebidas etílicas, que da lugar a juicios rápidos, se ha reducido. En este primer semestre se produjeron 972, y 1.122 entre julio y diciembre de 2002. Por delitos de cohecho y malversación de caudales públicos, que afectan a funcionarios de la Administración y a quienes tratan de comprar a éstos, sólo se han registrado nueve causas en este primer semestre (una menos que en los seis últimos meses de 2002).

También han crecido casi el doble los delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad Social. Entre enero y junio de este año se han interpuesto un total de 84 denuncias y querellas contra personas o empresas que han defraudado a Hacienda o la Seguridad Social. En el último semestre del año pasado se interpusieron 49.

Los delitos contra los derechos de los trabajadores se han reducido este año, a juzgar por estos datos judiciales. En este primer semestre de 2003 se han contabilizado 89 denuncias contra empresas que quebrantan las medidas de seguridad o no actúan con la debida diligencia. Si un trabajador se cae, por ejemplo, de un andamio y resulta que no tenía puesto el cinturón, la ley culpa también del accidente al empresario por no haberle exigido que se lo pusiera.