El Ayuntamiento de Sanlúcar planea ganar suelo con expropiaciones
El municipio pretende crear nuevos espacios públicos y atraer inversiones
El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pretende recurrir a la expropiación de fincas particulares para ampliar el patrimonio local y, según el alcalde sanluqueño, Juan Rodríguez (PP), crear nuevos espacios públicos y atraer nuevas inversiones. La Gerencia de Urbanismo ha solicitado a la Delegación de Obras Públicas de la Junta un informe para acometer las enajenaciones.
El delegado de Obras Públicas en Cádiz, José de Mier, afirmó ayer que su departamento estudia el desarrollo del actual Plan General de Desarrollo Urbano (PGOU) con "medidas complementarias previstas en la ley".
La Gerencia de Urbanismo de Sanlúcar ha propuesto ya la modificación puntual del actual PGOU para la creación de suelo industrial, equipamientos y mejores accesos. "En ningún momento se nos ha hablado de la adaptación del suelo a segundas residencias o actividades turísticas", afirmó ayer De Mier.
Los técnicos de Urbanismo, dirigidos por el arquitecto Alfonso Rodríguez, aún trabajan en la definición del nuevo modelo, que posteriormente deberá ser sometido al criterio del pleno municipal y de la Delegación de Obras Públicas.
De Mier aseguró que las pretensiones de la nueva Gerencia de Urbanismo "pueden dinamizar la actividad". Sin embargo, advirtió de que los procesos de expropiación pueden suponer un alto coste económico y político para el actual gobierno.
La portavoz del grupo municipal de IU, Julia Hidalgo, afirmó ayer que "detrás del proceso lo único que hay es una carrera especulativa para facilitar terrenos al sector privado a costa de los sanluqueños". La portavoz aseguró que la ciudad sufre una carencia de 4.000 viviendas y que, sin embargo, el Ayuntamiento "no ha promovido ni una sola actuación de iniciativa pública". Según Hidalgo, ese mercado será dado al sector privado, "con el consiguiente aumento del precio de las construcciones". IU advirtió, además, de que el patrimonio urbanístico del centro de la ciudad, "como resultado del nuevo modelo urbanístico, está siendo derribado sin pudor, a pesar de las quejas ciudadanas".
La nueva Gerencia de Urbanismo sucede a un equipo cuya actividad fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas de Andalucía, que detectó supuestas irregularidades contables. Según el tribunal, en el año 2000, siendo responsable de Urbanismo el andalucista Antonio Prats, hoy delegado de Turismo en Cádiz, una inspección apreció que "no fueron justificados 10.000 euros en el capítulo de costes laborales".
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