Cambio legal para que las próximas elecciones se celebren en festivo

La crisis institucional creada en la Asamblea de Madrid por la deserción de los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez está dejando en el camino más problemas de los que en principio se podían prever. Uno de ellos supone la repetición de las elecciones autonómicas a finales del próximo mes de octubre.

Los planes del PP son disolver la Cámara en un pleno extraordinario que se celebraría el próximo día 28, de tal modo que el presidente en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón, pueda convocar las elecciones. Según la legislación vigente, los comicios deben celebrarse exactamente 55 días después de haberse convocado, por lo que los colegios electorales abrirían sus puertas, según los cálculos de los populares, el día 23 de octubre, jueves. Por este motivo, el PP quiere llevar a este pleno una modificación de la Ley Electoral que permita que las elecciones se celebren el domingo día 26. El portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Luis Eduardo Cortés, afirmó que "sería muy gravoso para la sociedad madrileña que las nuevas elecciones se celebraran en un día entre semana. Habría que cerrar los colegios durante dos días y, además, se paralizaría la actividad económica en un mes especialmente importante".

Más dinero

La precampaña de los socialistas ya ha comenzado y pronto harán lo mismo el resto de partidos. IU ha propuesto a las otras dos formaciones mayoritarias en el Parlamento regional que la modificación de la Ley Electoral incluya también la posibilidad de que los partidos puedan recibir más dinero para la campaña electoral que se avecina. Lo que propone IU es que se extrapole a la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid lo dispuesto en la ley nacional que incluye, en el apartado de elecciones municipales, una partida para gastos de buzoneo que no está legislada a escala autonómica.

Por otra parte, el PSOE denunció ayer que el PP quiera aprovecharse de una propuesta de los socialistas para excluir a Tamayo y Sáez de la Asamblea General de Caja Madrid. Según el PSOE, los populares "intentaron hacer pasar como propia una propuesta basada en un auto del Tribunal Constitucional sobre una decisión de la Mesa del Parlamento Andaluz" en la que se podría basar la Cámara para excluir a los tránsfugas de Caja Madrid. El viernes pasado, el PP esgrimió este mismo auto como una propuesta propia, mientras que el vicepresidente primero de la Mesa, el socialista Francisco Cabaco, asegura que fue él el que solicitó "a la Mesa que se realizara un estudio jurídico sobre la posibilidad de utilizar este auto del constitucional". Con fecha de 25 de julio entró en el registro de la Cámara un informe jurídico firmado por la secretaria general de la Cámara que, basándose en este auto, deja fuera a Tamayo.