La socialista Porta denunciará al PP por acusarla de promover a un alcalde para que favoreciera a su marido
La diputada y portavoz adjunta socialista en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, manifestó ayer que va a iniciar acciones judiciales por calumnias contra el portavoz del PP en la comisión de investigación de la trama de Madrid, Antonio Beteta, y contra la diputada popular en el Congreso Josefa Aguado. Porta hizo el anuncio después de que Aguado asegurase en rueda de prensa que Porta intervino en un acuerdo interno de su partido que permitió designar como candidato al actual alcalde del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, José Luis Fernández Merino, a cambio de que éste beneficiara a una empresa relacionada con su marido. Beteta afirmó que "nada de lo que ha hecho su marido lo hubiera podido hacer sin el apoyo de doña Ruth Porta", a la que calificó como "apoyo aéreo" de su esposo, Enrique Benedicto, en supuestas presiones a ayuntamientos para realizar operaciones urbanísticas, informa Efe.
El portavoz popular añadió que "los cadáveres políticos de los concejales que se han enfrentado con doña Ruth Porta están recorriendo todo el largo ancho de esta comunidad", mientras que José Luis Fernández Merino es alcalde de San Sebastián de los Reyes porque "pactó" con ella a cambio de una parcela. La aludida señaló que "el señor Beteta, después de no haber tenido el valor de ser mi contraparte en la comparecencia [en la comisión de investigación], ha hecho afirmaciones que son absolutamente calumniosas y que ayer [por el jueves] no fueron planteadas en la comparecencia".
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, aseguró que el PP impide que se pueda solicitar documentación en la comisión porque "seguramente los documentos le incriminarían claramente en la trama político-inmobiliaria", informa Europa Press.
El martes se reanudará la comisión de investigación con la comparecencia del abogado José Esteban Verdes, a quien le fueron leídos sus derechos en la sesión del jueves. En esa ocasión, Verdes, que se amparó en su obligación de guardar secreto profesional, anunció que no contestaría a las preguntas relacionadas con el contenido de sus conversaciones con el tránsfuga Eduardo Tamayo.
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