Las trabajadoras de Ariznabarra ponen fin a ocho meses de huelga
Diputación de Álava, Quavitae y ELA aceptan el laudo del mediador
Los 115 empleados de la residencia de ancianos de Ariznabarra, el primer centro en Álava de titularidad pública gestionado por una empresa privada, volverán al trabajo después de ocho meses en huelga por la mejora de sus condiciones laborales. El comité de empresa, del sindicato ELA, la empresa adjudicataria, Quavitae, y la Diputación foral han aceptado el laudo propuesto por el mediador, que supone una subida salarial de un 121% en cinco años, además de una reducción de 110 horas anuales al final de dicho periodo.
El responsable del acuerdo ha sido el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto y ex viceconsejero de Trabajo Ángel Toña, que ha tardado dos meses en elaborar su propuesta. El laudo asume con creces la reivindicación salarial de los trabajadores así como el plazo de aplicación del convenio durante un lustro, planteado por la empresa. Además, rechaza el carácter de huelga política que ha manejado durante estos meses la Diputación de Álava, gobernada por el PP.
Empresa y trabajadores firmaron el acuerdo a las 13.30 horas de ayer. La aceptación del laudo recaerá sobre todo en las arcas forales de donde saldrán los millones de euros que supone este aumento salarial. Eso sí, el diputado de Asuntos Sociales, Enrique Aguirrezábal, reconoció que la propuesta del mediador es "un mal acuerdo: la empresa ofrecía un aumento del 85% en un lustro, ELA pedía el 100% y Ángel Toña ha propuesto el 121%. Espero que sus decisiones no se apliquen en empresas privadas", afirmó.
La primera residencia de ancianos pública con gestión privada de Álava puso ayer fin a uno de los conflictos laborales más largo de los últimos años en Euskadi. Los trabajadores del centro de Ariznabarra, regentado por la empresa Quavitae (dependiente de Caja Madrid), comenzaron el 2 de diciembre una huelga en busca de unas mejoras laborales equiparables al resto de las residencias públicas alavesas. Al final, ocho meses de conflicto, en el que los principales perjudicados han sido los 200 usuarios del centro y sus familias, que han sufrido un deterioro en sus condiciones de vida.
La decisión de que una empresa privada gestionase una residencia pública se tomó en 1999, cuando todavía gobernaba el PNV la Diputación. El siguiente gobierno foral, en manos del PP firmó el convenio con Quavitae, la empresa que ganó el concurso para la construcción y la gestión del centro durante 45 años. A cambio, la empresa cobraría a cada usuario lo mismo que una residencia pública: en la actualidad, 780 euros al mes a quien tiene renta y patrimonio, mientras que la Diputación aporta al día 60 euros por plaza.
Asistencia precaria
La residencia se inauguró en abril de 2001 y pronto comenzaron los conflictos. Los familiares se quejaban de una asistencia precaria. Los sueldos estipulados en el concurso (los que rigen el convenio en todo España) rondaban los 600 euros mensuales para un gerocultor. Y el número de horas de trabajo al año, 1.800, era muy superior al que les correspondía a los trabajadores de residencias públicas.
A finales de 2001 se negoció con la empresa el aumento de la plantilla de 100 trabajadores. Las 15 nuevas incorporaciones corrieron a cargo de Servicios Sociales. Cuando parecía que llegaba la normalidad, comenzó la huelga que terminó ayer. Los trabajadores (mujeres en su mayoría) pedían una subida salarial de un 100% del sueldo en tres años, además de la reducción de 100 horas en ese periodo; la última oferta de la empresa recogía un 85% de aumento en cinco años.
La Diputación, presionada por los trabajadores y los familiares de los usuarios, solicitó en febrero a la consejería de Trabajo una mediación, que no llegó hasta finales de mayo pasado, cuando se nombró al profesor de la Universidad de Deusto Ángel Toña. Su laudo establece que los trabajadores pasará de ganar 632 euros mensuales a 1.400 en 2007; de trabajar 1.800 horas al año, a 1.690 dentro de un lustro, además de otros beneficios por trabajar de noche y en festivos.
Tras el acuerdo aceptado ayer, que deja el resultado en tablas, ahora queda ver las consecuencias presupuestarias que tendrá que asumir la Diputación, ya que deberá aumentar las aportaciones por plaza y día; los riesgos a los que se enfrenta Quavitae para que Ariznabarra siga siendo rentable; y la nueva situación a la que se enfrentan las empresas que gestionan estas residencias en Vizcaya y Guipúzcoa.
No hay que olvidar que ELA aceptó en Vizcaya unos sueldos de 865 euros para diciembre de 2004, mientras que en Ariznabarra el mismo trabajador, con menos horas, cobrará 1.014 euros en esa fecha.
