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Las empresas implicadas en la operación subrayan que "todo es legal"

"No ha habido ni irregularidad ni, desde luego, ilegalidad, y ni siquiera injusticia. La operación es legal y el Registro de la Propiedad lo corrobora". Las empresas implicadas en la compraventa de 414 apartamentos de la plaza de los Cubos, que ha originado una demanda de retracto presentada por 59 inquilinos, subrayaron ayer a este periódico que "todo es legal", y opinaron que la demanda "carece de cualquier fundamento".

"No recuerdo a cuánto se pagó exactamente el metro cuadrado de ese edificio de viviendas, pero en cualquier caso es nuestro legítimo derecho vender ahora los apartamentos por un precio superior. Eso lo marca el mercado", afirmó Javier González, director general de Restbuild, la empresa que compró las viviendas el pasado enero. González señaló, además, que, aunque no se hubiera dividido el edificio en varias "fincas registrales independientes" -la fórmula gracias a la cual los inquilinos se quedaron sin derecho a retracto-, "sólo los inquilinos con rentas más antiguas, que son minoría, habrían podido optar a la compra, porque así lo establece la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos". Un extremo que niega categóricamente el abogado de los demandantes, Juan Molins.

Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de la otra parte demandada, el Banco Sabadell, que financió la operación con una hipoteca global de 80,4 millones de euros, favoreciendo a un propietario, Restbuild, que los abogados de los inquilinos consideran "ilegítimo".

Un portavoz de Testa Inmuebles en Renta, que vendió los apartamentos a Restbuild en enero pero no ha sido demandada, explicó que para su empresa fue "un buen negocio" vender los pisos, incluso tan baratos, porque "son viviendas con alquiler de renta antigua y con el inquilino dentro". "Era más rentable vender ese edificio e invertir en otro. Lo que haya hecho Restbuild después, si ha optado por especular o no, ya no nos compete", aclaró.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de julio de 2003