Defensa pide a la juez el desalojo urgente de los cuarteles de Sant Andreu

El abogado del Estado solicitó ayer, durante el juicio civil celebrado en Barcelona, que se utilice el trámite de urgencia para desalojar a los inmigrantes que habitan en los cuarteles de Sant Andreu desde hace más de dos años. Si la juez accediera a la petición, los afectados podrían ser desalojados en pleno mes de agosto, que es inhábil en los trámites judiciales. La abogacía del Estado razonó su petición "atendiendo al perjuicio que se puede causar al Estado".

Los cuarteles de Sant Andreu fueron abandonados por el Ministerio de Defensa en 1998, tras una reestructuración del Ejército de Tierra. Ocupan 100.000 metros cuadrados cuyo destino final todavía no está totalmente definido por las administraciones, aunque una parte quedará afectada por la estación del AVE de la Sagrera y otra se dedicará a vivienda. El juicio de ayer es consecuencia de la demanda civil que presentó el Ministerio de Defensa el pasado 20 de mayo. Anteriormente ya había presentado una denuncia penal que fue archivada y un pleito contencioso administrativo que está pendiente de recurso.

Isabel Gallardo, juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona, ciñó ayer el debate jurídico a si ha existido abandono de esos cuarteles por parte del Ministerio de Defensa y si hubo o no permisividad de las administraciones para que los inmigrantes los ocuparan. La magistrada dio por hecho que los cuarteles, en los que hasta el pasado sábado había un solo grifo de agua, a un palmo del suelo, es la vivienda habitual de los inmigrantes porque "no van allí un ratito por la tarde a tomarse una copa", precisó. Metges del Món ha calificado de infrahumanas la situación y las condiciones de vida de los afectados.Los 13 abogados defensores alegaron ayer indefensión y nulidad de las actuaciones porque no han tenido tiempo para preparar el juicio y porque a parte de los afectados no se les ha comunicado la demanda del ministerio. También adujeron que no se respetaron los plazos fijados y que no pudieron proponer pruebas. Todos estos argumentos fueron rechazados por la juez, quien defendió el cumplimiento de la ley en el proceso y recordó que en este caso, ciertamente, no había "un conserje en la casa" para notificar la presentación de la demanda.

Los defensores reclamaron también el interrogatorio de los inmigrantes, así como el de Eduardo Spagnolo, gerente de servicios personales del Ayuntamiento de Barcelona, para que testificara que el Gobierno paga billetes de avión a inmigrantes desde otros puntos de España y los envía a los cuarteles de Sant Andreu. Igualmente pidieron un reconocimiento judicial de los cuarteles y que se preguntara a la policía cuántas detenciones se habían realizado en los cuarteles entre el 16 y el 18 de julio. Pero la juez también denegó esas pruebas por considerarlas irrelevantes.

La magistrada únicamente accedió a que se pregunte por escrito al representante del Ministerio de Defensa en el plazo de tres días. Tras ese trámite dictará sentencia. Será entonces cuando la juez se pronuncie sobre si accede al procedimiento de urgencia que reclamaba el ministerio. En caso afirmativo y con una sentencia a su favor, el Estado podría reclamar el desalojo inmediato de los inmigrantes. Un abogado defensor aseguró ayer que, si fuese así, se provocaría un grave problema de orden público.

La mayoría de los ocupantes de los cuarteles son subsaharianos y magrebíes, aunque los hay de una decena de nacionalidades, muchos de ellos en situación irregular. El número de ocupantes ronda actualmente los 600, pero no se sabe con certeza cuántos son, pues se trata de una población muy variable de la que también forman parte un grupo de 100 okupas.

Antes del juicio de ayer la juez ya había denegado la suspensión de la vista "atendiendo las especiales circunstancias". Un abogado afirmó ayer en la sala de vistas: "Parece que la singularidad es más porque el demandante es el Ministerio de Defensa".