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Urizarbarrena salta de su cargo en Hacienda a una gran asesoría fiscal

El ex diputado vizcaíno se incorporó a ella al día siguiente de dejar su cargo público

El ex diputado de Hacienda de Vizcaya, Javier Urizarbarrena, se incorporó el pasado 1 de julio, al día siguiente de dejar su cargo público, a la asesoría fiscal más importante de todo el norte de España, perteneciente a la compañía PriceWaterhouseCoopers (Ladwell PWC). De cobrar impuestos a las empresas con sede en Vizcaya, Urizarbarrena ha pasado directamente a asesorar a muchas de ellas sobre cómo pagar menos a la Hacienda foral. En Euskadi no están reguladas incompatibilidades para el paso de la los altos cargos de la actividad pública a la privada, al contrario que en la Administración central.

Urizarbarrena fue director de Hacienda de la Diputación de Vizcaya entre 1995 y 1999, año en el que pasó a ser diputado foral de Hacienda y Finanzas en representación del PNV. Ocupó este cargo hasta el pasado 30 de junio, cuando asistió a su último acto como diputado en la investidura del nuevo presidente de la Diputación de Vizcaya, José Luis Bilbao.

Al día siguiente ya se incorporó a la plantilla de la compañía Landwell, la división de asesoramiento legal y fiscal de PriceWaterhouse-Coopers (Landwell PWC). Esta es la tercera firma consultora en España, tras Garrigues y Cuatrecases, pero es la primera de la zona norte. El ex titular de Hacienda ha entrado en la empresa con la máxima categoría, la de socio nacional, y se encargará de la asesoría fiscal en el área norte, con sede en Bilbao.

Esta ocupación implica saltar -sin que medie una separación temporal, la llamada cuarentena - de un lado de la barrera al contrario. De ocuparse de vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de empresas y contribuyentes, su labor pasa a ser la de conseguir que los clientes de su firma de asesoría (en su mayoría grandes empresas) paguen los menos impuestos posibles a la Hacienda foral de Vizcaya. Aunque en algunos medios políticos y económicos se ha cuestionado la moralidad del salto dado por el ex diputado vizcaíno, su incorporación inmediata a una actividad privada que puede entrañar un conflicto de intereses con su anterior cargo público no entraña irregularidad alguna.En el País Vasco no existe una regulación de las incompatibilidades sobrevenidas tras el abandono del cargo público, a diferencia de lo que ocurre en la Administración del Estado y en el sector privado. La ley vasca de Incompatibilidades, del año 1983, regula las limitaciones en el desempeño del cargo público, pero no impone condiciones cuando se retorna a la actividad privada.

Este aspecto, por el contrario, sí está recogido en la modificación de la Ley de Incompatibilidades de la Administración del Estado, aprobada por el Congreso de los Diputados en 1995, y que establece en determinados supuestos una cuarentena para el paso de lo altos cargos a la empresa privada. En concreto, señala que durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas. Asimismo, aquéllos que perciban retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese, como es el caso de Urizarbarrena, "no podrán intervenir en actividades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo ocupado". Esta obligación no se extingue por la renuncia a la prestación económica. Por otro lado, deben comunicar a un registro cualquier dedicación en esos dos años.

En Euskadi los casos de cargos públicos que han ido a trabajos en la empresa privada coincidentes o similares con su anterior función se han sucedido en los últimos años. Los más recientes han sido los de dos ex consejeros del Gobierno vasco: los titulares de Industria y Educación, Javier Retegi (PNV) e Inaxio Oliveri (EA). Retegi se reincorporó a una de las principales empresas vascas, Mondragón Corporación Cooperativa, cuatro días después de su cese como responsable de Industria en 1998. Inaxio Oliveri, consejero de Educación hasta 2001, pasó directamente de su despacho ofical al de rector de la Universidad de Mondragón (vinculada a Mondragón Corporación Cooperativa), en cuya puesta en marcha había colaborado desde desde El Gobierno vasco.

Más casos

En la década de los 80 hubo otros casos, como el del consejero de Hacienda Alfonso Basagoiti, que al dejar este cargo público se incorporó como asesor personal del presidente del entonces BBV, o del viceconsejero de Hacienda Carlos Lanbarri, que pasó a trabajar en la asesoría Coopers and Lybrand.

Fuentes jurídicas han reconocido que la falta de una ley de incompatibilidades para el paso a la actividad privada es una grave deficiencia de la legislación vasca y que la carencia de un estatuto del directivo político como tal propicia estas situaciones. El ex diputado de Hacienda Javier Urizarbarrena no contestó a los requerimientos de este diario para opinar sobre este asunto.

En el resto de España, el último caso polémico ha sido el de la ex directora de Tesoro y Política Financiera, Gloria Hernández, quien ocupó su cargo hasta el pasado día 11 y se incorporará al Banco Pastor en septiembre. En condición de su cargo, Gloria Hernández era también consejera del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que ha originado suspicacias posibles incompatibilidades. El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que pedirá informes para comprobar si la ex alto cargo público está sujeta a la Ley de Incompatibilidades.

En la Diputación de Vizcaya, aparte de Urizarbarrena, los otros cinco diputados forales que han abandonado su cargo han seguido distintos caminos. Dos de ellos (José Félix Basozabal y María Esther Solabarrieta) tienen plaza de funcionario en el Gobierno vasco, Juan Cruz Nieves será nombrado director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, Ana Madariaga también sigue como cargo público al ser presidenta de las Juntas Generales y Ricardo Ansotegi está prejubilado.

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