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Reportaje:

Gallardón contra Gallardón

El presidente regional en funciones puede decidir sobre proyectos urbanísticos que él mismo impulsa como alcalde

¿Qué puede hacer Alberto Ruiz-Gallardón en los próximos meses aprovechando que es alcalde y presidente regional (en funciones) al mismo tiempo? Ni el PSOE ni IU creen que el regidor vaya a generar un conflicto de intereses entre ambas instituciones, pero sí temen que incurra en incompatibilidad si aprueba como presidente proyectos municipales del PP que necesitan el visto bueno de la Comunidad. Ruiz-Gallardón asegura que "por sentido común" no va a hacer nada que suponga beneficiarse de una situación, la del doble cargo, que él "no ha buscado".

La Ley de Gobierno, que establece en su artículo 21 lo que puede y no puede hacer un Ejecutivo en funciones, tampoco aclara mucho: prohíbe al Consejo de Gobierno elaborar proyectos de ley y presupuestos, y le encarga el "despacho ordinario de los asuntos públicos". Fuera de eso, el Ejecutivo no podrá tomar ninguna decisión de calado, "salvo en casos de urgencia o de interés general" que deberán ser "debidamente acreditados". La ley no dice nada más, y no especifica los límites de esa gestión cotidiana. Los conceptos "urgencia" e "interés general" quedan a la interpretación de cada cual.

La ley sólo prohíbe al Ejecutivo 'interino' elaborar leyes y aprobar presupuestos

Por lo pronto, el pasado viernes el PP llevó a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento la propuesta de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para legalizar a posteriori una obra iniciada en febrero de 2002 y a punto de finalizar: las de reconstrucción del Palacio de Deportes.

Esa obra la inició la Comunidad, presidida por Ruiz-Gallardón, en contra del planeamiento vigente -el nuevo palacio invade zona calificada como verde-; el Ayuntamiento pide ahora su legalización con Ruiz-Gallardón de alcalde, y debe ser la Comunidad, dirigida por él mismo en funciones, la institución que dé la aprobación definitiva. "No sé si le dará tiempo a cerrar el círculo en seis meses, ni siquiera si tiene intención de hacerlo, pero todo resulta muy absurdo", señala la portavoz de IU en el Ayuntamiento, Inés Sabanés.

Casos como el del Palacio de Deportes pueden repetirse a decenas en los próximos meses, y de hecho en la comisión de Urbanismo del viernes se trataron otras propuestas de modificación del Plan General para varias zonas de la capital. No obstante, un portavoz de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad -máximo órgano decisorio en la materia- aseguró hace menos de un mes que sus miembros no prevén reunirse en estas semanas de interinidad y que los proyectos o aprobaciones de planeamiento han quedado temporalmente paralizados.

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Pero hay más ejemplos: la Consejería de Urbanismo tiene sobre la mesa un recurso presentado el 3 de julio por el PSOE -con el Gobierno ya en funciones- contra su decisión de dar luz verde al nuevo barrio de Valdebebas, paralizado por sentencia judicial. Ruiz-Gallardón podría aprovechar, teóricamente, estos meses para rechazar el recurso en su calidad de presidente del Consejo de Gobierno, que es el que en última instancia tiene que pronunciarse.

José Manuel Franco, diputado socialista en la Asamblea de Madrid y portavoz durante la pasada legislatura en la Comisión de Administraciones Públicas, no teme que lo haga. "Legalmente no puede hacerlo, porque ni eso ni las modificaciones de planeamiento tienen nada que ver con el 'despacho ordinario de los asuntos públicos' que marca la ley. Pero la verdad es que tampoco creo que lo intente. Le presupongo una altura de miras mayor", afirma.

Algo más escéptica se muestra Sabanés. "Está claro que esta situación va a afectar sobre todo al urbanismo. Y ahí pueden pasar dos cosas: una, que Ruiz-Gallardón aproveche para aprobar desde la Comunidad sus propios proyectos municipales y tenga que enfrentarse a posibles recursos por incompatibilidad; otra, que no lo haga y no se apruebe nada en seis meses, lo que generaría una parálisis urbanística total. Ambas posibilidades son malas para la ciudad", concluye la concejal. Sabanés cree también que Ruiz-Gallardón se arriesga a incurrir en incompatibilidad al adjudicar subvenciones regionales a las políticas municipales de empleo.

Una de las primeras medidas del alcalde-presidente ha sido proponer al pleno del Ayuntamiento -que lo aprobó con la mayoría absoluta del PP- la modificación de los estatutos de la Institución Ferial de Madrid (Ifema) para que el anterior regidor, José María Álvarez del Manzano, pueda seguir siendo su presidente. Esa modificación debe ser aprobada ahora por la junta rectora de Ifema, en la que Comunidad y Ayuntamiento -dirigidas ambas por Ruiz-Gallardón- tienen mayoría frente a la Cámara de Comercio y Caja Madrid.

Guerra de informes sobre la incompatibilidad

Alberto Ruiz-Gallardón fue investido alcalde de Madrid el pasado 14 de junio. Un mes antes había pedido un informe a los servicios jurídicos de la Comunidad para saber si era o no compatible compaginar su nuevo cargo con el de presidente regional en funciones durante los "cuatro o cinco días" que, según se pensaba entonces, iba a tardar en constituirse el nuevo Gobierno madrileño. "Lo que podía haberse quedado en una anécdota simpática se ha convertido en algo muy distinto", admitía el dirigente la víspera de su investidura.

Aquel informe dejó muy tranquilo a Ruiz-Gallardón porque le garantizaba que, no sólo no incurría en incompatibilidad, sino que estaba "legalmente obligado" a conciliar ambos cargos: "La ley obliga al presidente a que continúe en el ejercicio de sus funciones hasta pasar el testigo al nuevo presidente, y, desde luego, no se puede dimitir de un cargo del que legalmente se ha cesado", rezaba el informe elaborado por la directora general de los servicios jurídicos de la Comunidad, Alicia Sánchez.

Pero el PSOE nunca ha dado por bueno ese argumento, y en el último mes ha encargado sendos informes a distintos catedráticos de Derecho, que coinciden en considerar "ilegal" la situación del alcalde-presidente. Estos catedráticos se apoyan en el artículo 6 de la Ley de Gobierno de la Comunidad, que dice así: "El cargo de presidente es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función o actividad pública que no derive de aquél, salvo la de diputado de la Asamblea de Madrid". Otro artículo de esa misma ley, el 20, señala que "el Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno"; pero, a juicio de estos catedráticos, ese segundo artículo no anula el primero.

"Los intereses públicos de ambas instituciones [Comunidad y Ayuntamiento] no son los mismos, y pueden entrar en conflicto", subraya el catedrático de Derecho Administrativo Miguel Sánchez Morón. Su colega Javier García, catedrático de Derecho Constitucional, admite que, "conforme a la legislación electoral general, no existe incompatibilidad", pero sostiene que la legislación autonómica madrileña es clarísima: "El cargo de presidente no puede compatibilizarse con ningún otro".

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