La mujer de un 'narco' encarcelado pidió 3.000 euros para pagar a un fiscal y sacar a su marido

Miguel Ángel López Marchena, el juez del polémico caso Barbate, que ha suscitado un conflicto con la Fiscalía de Cádiz que va a ser analizado por el Consejo General del Poder Judicial, levantó el lunes el secreto del sumario. En dicho sumario, al que ha podido tener acceso este periódico, figura un oficio de la Guardia Civil correspondiente a la grabación de una conversación telefónica en la que la esposa de un narcotraficante encarcelado pide dinero (3.000 euros, medio millón de pesetas) a un presunto narco marroquí para pagarle a un fiscal y liberar a su marido.

El caso Barbate culminó hace dos semanas con la detención de 41 presuntos narcos, pertenecientes a tres redes, entre los cuales figuraban sus cabecillas, que eran comerciantes y empresarios de Barbate. La Fiscalía defiende la nulidad de todos los actos por defectos de forma y solicita la libertad de los detenidos. Llega a pedir, en un momento dado, la destrucción de las pruebas obtenidas. El juez, en su auto, expone que la Fiscalía tuvo conocimiento de todas las actuaciones y que cambió de opinión a los siete meses de iniciadas las investigaciones. El caso ha despertado una gran alarma social en Cádiz.

El documento de la Guardia Civil figura en el sumario como transcripción de una conversación telefónica correspondiente al teléfono 615888966. Es en el anexo 26 donde se relata la llamada 42, hecha a las 12.49 del 15 de mayo de 2003. Los interlocutores son Isabel Tinoco y un marroquí al que llama Antonio y que, según la Guardia Civil, es uno de los proveedores de droga. Isabel es la esposa de Fernando Blanco, detenido el 13 de mayo al encontrársele 25 fardos de hachís. Blanco pertenece a una de las organizaciones investigadas en el caso Barbate, según el sumario. En la citada conversación, Isabel le pide dinero a su interlocutor "pa que Fernando [su marido] pueda salir ligero". Cuando Antonio le pregunta si el dinero es para pagar la fianza, la mujer aclara que no, que es para "pagar a un fiscal, pa poderlo sacar". Esta conversación corresponde a uno de los 77 teléfonos que se llegaron a pinchar en las investigaciones y que el juez detalla, uno por uno, en el auto de 10 de julio de 2003.

El juez envió el 28 de mayo una providencia a la Fiscalía con la copia de la citada conversación y le instaba a hacer las gestiones oportunas que estimara conveniente. Ante el silencio de la Fiscalía, el juez insistió el 8 de julio en un auto de citación de la mujer del narco, pero la Fiscalía respondió el 9 de julio en un recurso argumentando que el juez no era competente para investigar.

El 9 de julio, el fiscal dice que el juez no persigue esclarecer los hechos, sino "servir en bandeja a la prensa, a los políticos y a la sociedad el mensaje de que el juez investiga además la corrupción en la Fiscalía de Cádiz para generar alarma en la sociedad".