Escoltas, una profesión en auge

Luis, un andaluz de 33 años que prefiere dar un nombre falso por seguridad, vive desde hace menos de un año en el País Vasco. En cuestión de meses, dejó su trabajo "esclavo y mal remunerado" de camarero y se convirtió en la sombra protectora de un concejal de Vitoria, donde comparte piso con otros compañeros de profesión.

El número de escoltas privados en activo que hay en España casi se ha duplicado en los dos últimos años. En 2001 eran unos 2.500 y hoy ya son más de 4.500, según los datos de la Asociación Española de Escoltas (ASES). Es una profesión en auge.

Tras las últimas elecciones y la consecuente entrada de nuevas personas en cargos públicos, en los periódicos vuelven a aparecer anuncios del tipo: "Se precisan escoltas para el País Vasco y Navarra. Con título homologado. Incorporación inmediata". Y debajo un teléfono

Esa urgente demanda tiene una razón: "No se les puede quitar la seguridad a los que ya la tenían de un día para otro y, además, hay que ponérsela a los recién llegados", explica un escolta de 34 años que trabaja en San Sebastián.

Pero, aunque el principal destino de estos especialistas está al norte, "la aparición de armas de fuego en las actuaciones de los delincuentes ha agudizado la sensación de inseguridad que existe en todo el país y ha disparado la demanda de los profesionales de la seguridad. Además, desde hace unos meses y paulatinamente se han duplicado los servicios de escolta en el País Vasco y Navarra y donde iba uno ahora van dos, y también, el buen estado de la economía ha hecho proliferar las empresas y los altos ejecutivos que demandan seguridad", explica Vicente de la Cruz, presidente de ASES y escolta en activo. "Pero, al mismo tiempo, ha convertido esta profesión en un negocio para las empresas de seguridad, que están cargándose la profesionalidad", agrega.

El Ministerio del Interior, desde que en 1995 entrara en vigor la Ley de Seguridad Privada que regula el acceso a la profesión y legaliza la situación de todos aquellos que ya la ejercían hasta entonces sin que fuese legal, ha habilitado a unas 12.000 personas para ser escoltas, frente a los 1.500 que había hace ocho años.

Se calcula que los escoltas públicos -es decir, los procedentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil o de las policías autonómicas, porque la Administración no facilita ningún dato al respecto por motivos de seguridad- pueden ser unos 6.000, según ASES, aunque "son cifras muy variables porque los servicios los prestan esporádicamente, y en función de las necesidades", explican fuentes policiales y de la Guardia Civil.

En resumen, en este momento en España puede haber un total de 10.500 escoltas velando por la seguridad de políticos, empresarios, altos ejecutivos, directivos de empresas, periodistas... Y otros 7.500 en condiciones de hacerlo.

Pero, ¿quiénes son los que llaman a los teléfonos de los anuncios? Pues gente como Luis: "Siempre me llamó la atención lo de ser escolta pero no me lo había planteado en serio. Conocí a algunos vigilantes y decidí sacarme el diploma de vigilante de seguridad", requisito indispensable para poder presentarse a las pruebas de escolta. "Pagué 900 euros y me metí por las mañanas en una academia homologada durante dos meses y medio", de las 700 que hay en todo el país. "Y, diploma en mano, me presenté al examen del Ministerio del Interior". Hay entre seis y ocho convocatorias anuales. "Lo saqué, busqué una empresa de seguridad y empecé a trabajar de vigilante", recuerda. "Después de siete años, hice lo mismo para sacarme el título de escolta", añade. Según ASES, cada año pueden salir entre 200 y 400 nuevos escoltas y, la mayoría van al País Vasco, Navarra y Madrid.

Las empresas de seguridad son como el Inem de los vigilantes de seguridad y los escoltas, con la trascendental diferencia de que se quedan con una parte sustancial del coste que supone la cobertura de un puesto de escolta o de vigilante, en detrimento de sus sueldos.

El mecanismo es el que sigue: las empresas de seguridad homologadas ofrecen sus servicios a la Administración o a las empresas que los solicitan. La Administración, "con unos criterios que desconocemos", dice de la Cruz, o en su caso, las empresas, contratan los servicios de una de ellas. Y la empresa afortunada coloca a las personas que están en su bolsa de trabajo.

Por lo general, las condiciones laborales no son muy halagüeñas: 780 euros de sueldo base, 180 euros del plus de escolta y 9 euros por cada hora extra (6 euros fuera del País Vasco) sobre un total mensual de unas 186 horas estipuladas. Sin embargo, según ASES, las empresas de seguridad pueden cobrar unos 6.000 euros al mes por servicio cubierto. Es decir, pagan al trabajador menos de la mitad de lo que cobran por la cobertura de un servicio.

"Por eso queremos que se cree un colegio de escoltas que garantice una contratación directa, sin intermediarios que encarezcan el servicio y se enriquezcan. Al fin y al cabo, los que arriesgamos la vida somos nosotros", dice de la Cruz.

Este periódico trató de recoger la opinión de la empresa Ombuds, que la semana pasada demandaba escoltas para incorporación inmediata al País Vasco y Navarra, y no obtuvo respuesta.

"Yo puedo llegar a sacarme unos 2.400 euros al mes, pero imagina las horas extras que meto. Hacemos doble jornada todos los días. De hecho, hay mucha gente que viene aquí [al País Vasco y Navarra] a hacer la temporada, o sea, a pasarse un tiempo para juntar un dinero. Los llamamos 'comehoras", dice Luis. "Yo tengo pensado tirarme aquí una buena temporada. Trabajo 24 días seguidos y libro seis o siete seguidos también, para ir a ver a mi familia", añade.

Lejos ya del País Vasco, son muchos los profesionales que piensan que, en España, la gente lleva escoltas por pura cuestión de imagen y no tanto por seguridad. "Yo me he llegado a sentir un abrepuertas", dice un escolta de un directivo de una empresa en Madrid. "Porque lo de la seguridad se acaba cuando el cliente decide. Y eso no es así", dice.

La figura del escolta no está reconocida laboralmente, se les llama "vigilantes de seguridad con especialidad". "Ésa es otra pelea", dice De la Cruz. "No reconocer nuestra figura implica favorecer el intrusismo, no tomar en serio el trabajo, pese a que arriesgamos la vida, y no tener una remuneración adecuada a ese riesgo", se queja.