El Gobierno andaluz autoriza a las universidades a endeudarse en 377,6 millones de euros
El acuerdo conlleva un plan para devolver el dinero en un plazo de siete a 10 años
"Es un día importante, grande, para la Universidad andaluza", dijo ayer Miguel Florencio, rector de la Universidad de Sevilla, en nombre de las nueve universidades andaluzas. La Junta y los rectores firmaron un convenio para sanear las cuentas de los centros y aumentar su nivel de endeudamiento en 377,6 millones; así como la aplicación de un plan de viabilidad que reduzca el déficit a un 25% de los ingresos y devuelva a la Junta el dinero en un plazo de entre siete y 10 años. El control financiero correrá a cargo de auditorías privadas supervisadas por Economía.
Manuel Chaves, presidente de la Junta, presidió el acto en el que se suscribió el acuerdo por los rectores de las universidades andaluzas y las consejeras de Economía y Hacienda y de Educación y Ciencia, Magdalena Álvarez y Cándida Martínez, respectivamente. El convenio, fraguado en varios meses de negociación, fue resaltado por Chaves como un elemento que permite dar a las universidades "un sostén financiero para los próximos años".
El acuerdo permite autorizar operaciones de crédito por 377,6 millones, de los que 134,3 irán a la renovación de créditos para afrontar deudas con proveedores. El resto -243,3 millones- se establece para pagos a la Hacienda pública en concepto de IRPF y Seguridad Social.
Magdalena Álvarez afirmó que la manera de subsanar la situación actual de endeudamiento hubiera sido la condonación del débito por parte de la Administración central, como, aseguró, se produjo en las "universidades de Madrid". Esta situación de "asimetría" y de "falta de sensibilidad" es lo que motivó que la Junta acometiese un plan de saneamiento financiero acordado con los centros andaluces. Álvarez aseguró que el acuerdo busca el equilibrio presupuestario, pero no entendido como el déficit cero, que criticó. "El Gobierno central ha decidido este café para todos", que calificó de error, ya que no todas las necesidades de las autonomías son las mismas.
La consejera de Educación señaló que con el acuerdo se cerraban los problemas económicos y se alcanzaba un punto de partida "inmejorable" para atender a nuevos retos educativos.
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