Degradación de la democracia

"Los ciudadanos y ciudadanas han demostrado una inteligencia y dignidad que el Gobierno no esperaba".

Cuando el Gobierno del PP llegó al poder hace 7 años repetía, una y mil veces, que ellos iban a "regenerar" la democracia. Hoy, es patente que desde 1977 España está atravesando uno de sus peores momentos en cuanto a degradación de valores democráticos y derechos sociales: educación segregacionista, vivienda prohibitiva, inseguridad ciudadana, absolutismo de poder.

El Gobierno no escucha a los ciudadanos, descalifica y criminaliza a los que discrepan y, poco a poco, va desmantelando los sistemas que sirven de plataforma para que los ciudadanos podamos ser libres, ya que contemplan nuestros derechos como sociedad civil y los valores de dimensión política y social.

Un ejemplo palpable del recorte brutal a la igualdad de oportunidades de las personas es la Reforma Educativa (LOCE) La ley que sustituirá a la LOGSE opta por centros educativos estándares, obviando las distintas realidades sociales. La educación en España ya no es considerada un servicio público y de ahí la reducción del gasto en educación. Sin embargo, sí se han incrementado en un 60% las inversiones en la enseñanza privada.

La población estudiantil se siente insegura y por eso ha salido a la calle a protestar. El Gobierno en vez de dialogar con ellos ha criminalizado su comportamiento. En el curso 2002-2003 las ayudas estatales al estudio en la Universidad de Almería se han reducido respecto al curso anterior entre un 65% y un 70%. De este modo se ha pasado de las aproximadamente 600 ayudas recibidas en el curso 2001-2002 a las poco más de 400 en el curso 2002-2003.

Vivimos en un sistema político donde vemos cómo se desmantela la seguridad pública hasta el extremo de que nuestra propia seguridad impide que seamos más libres: en 1996 el número de delitos que se cometían en España era un 65% menos que los que se cometen en la actualidad. A pesar de ello, hoy, en las calles de Almería hay 94 policías menos que en 1996, incluyendo alumnos en prácticas y agentes dedicados a segunda actividad. La erosión que se observa no es casual. Para este Gobierno la seguridad ciudadana es concebida como una seguridad de "cuenta corriente", es decir, paguen los que puedan y los demás que se queden en sus casas.

Sólo en la provincia de Almería, actualmente, se mueve un negocio de más de 13 millones en seguridad privada. En España la cifra llega hasta 1.200 millones. En la provincia de Almería tenemos más de 750 agentes de seguridad privada mientras el número de policías nacionales no alcanza la cifra de 400.

Otra muestra de desigualdades sociales es la política sobre vivienda. La nueva Ley del Gobierno encubre la intencionalidad de dejar a los Ayuntamientos que campen a sus anchas en cuanto a la toma de decisiones a la hora de determinar la finalidad de los terrenos urbanizables. El objetivo del Gobierno es favorecer la especulación, lo que lleva a un encarecimiento de la vivienda hasta hacerla inaccesible para la mayoría. El Gobierno central ha anunciado ya que recurrirá la Ley de la Junta de Andalucía en la que se obliga a los ayuntamientos a que el 25% del suelo urbanizable esté destinado a viviendas protegidas. En algunos puntos del Poniente almeriense y de Almería capital, el precio por metro cuadrado sobrepasa los 1.300, los 2.000 y hasta los 3.000 euros.

Los socialistas apostamos y ofrecemos a los ciudadanos "otra forma de ser, otra forma de gobernar". Estamos convencidos de que estos comicios municipales han significado un paso adelante hacia un estado democrático que tenga realmente la dimensión civil, social y política que reclaman los ciudadanos. Queremos recuperar la calle.

Francisco Contreras Pérez es diputado del PSOE por Almería.