Los recursos de los condenados por Ardystil bloquean las indemnizaciones

Los recursos de casación de los principales condenados por el síndrome Ardystil (afección pulmonar por inhalación de productos químicos que en 1992 causó la muerte a seis trabajadores y un centenar de afectados en fábricas de aerografía textil) bloquearán las indemnizaciones, en total más de 4 millones de euros. Los afectados no cobrarán hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la sentencia de la Audiencia de Alicante.

Los trabajadores de las ocho fábricas de aerografía textil de L'Alcoià afectados por el denominado síndrome Ardystil han visto frenada su satisfacción inicial por el fallo de la Audiencia de Alicante. Este tribunal, once años después de la primera muerte, daba a conocer el lunes la sentencia por esta enfermedad laboral. La sala condenó a la principal acusada, Juana Llácer, dueña de la fábrica que dio nombre a la enfermedad, a seis años de cárcel, y al inspector de Trabajo Alfredo Ortolá a seis meses de prisión. El tribunal declaró, entre otros, responsables civiles subsidiarios a la Mutua Unió Alcoyana y la Generalitat Valenciana, de quien dependía funcionalmente la Inspección de Trabajo cuando sucedieron los hechos.

Sin embargo, tanto Llácer como el inspector anunciaron ayer que recurrirán en casación al Supremo. Fuentes de la Audiencia de Alicante confirmaron que la presentación del recurso acarrea el bloqueo del pago de las indemnizaciones hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.

La propietaria de Ardystil, Juan Llácer, a la que la Audiencia de Alicante ha condenado a pasar seis años en prisión por un delito de imprudencia temeraria profesional grave tras el fallecimiento de cinco trabajadoras en su fábrica en 1992, recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo. Pedro Soriano, abogado de Llácer, señaló ayer que no comparte el fallo de la Audiencia de Alicante que se hizo público el lunes, ya que a su juicio "no ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes" en la actuación de su defendida. Pedro Soriano fundamentará la presentación de un recurso de casación en el "etiquetado defectuoso" de los productos químicos que llegaron a la fábrica de aerografía textil Ardystil y que no advertían de la peligrosidad y toxicidad de las sustancias. Añadió que Juana Llácer "está muy enfadada" por el resultado de la sentencia, que exculpa a las empresas químicas. "Han sido 11 años a la espera de un fallo que no ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de mi cliente", subrayó.

El inspector de Trabajo que visitó Ardystil y no levantó acta sobre las malas condiciones laborales, Alfredo Ortolá, también ha anunciado que recurrirá el fallo que lo condena a pasar seis meses en prisión.

La Generalitat Valenciana, condenada como responsable civil subsidiaria por la actuación del inspector de Trabajo, espera conocer el contenido de la sentencia para pronunciarse de manera oficial. Los consejeros de Sanidad, Vicente Rambla, y de Industria, Miguel Peralta, señalaron que aunque acatan el fallo, el Consell estudiará si procede recurrirlo ante el Tribunal Supremo.

En la misma línea se pronunció la Unión Alcoyana, compañía aseguradora a la que la Audiencia ha condenado como responsable civil subsidiaria. Su director, Enrique Rico, avanzó que la compañía analizará los fundamentos jurídicos antes de pronunciarse.

El grueso de los ex trabajadores que aglutina la comisión de afectados por el síndrome Ardystil tiene previsto reunirse este viernes para estudiar el fallo de la Audiencia de Alicante. La presidenta del colectivo, Amparo Pascual, señaló que tras analizar las indemnizaciones a las que tiene derecho cada uno de los afectados decidirán si recurren ante el Supremo.