La última orden de Cardenal bloquea investigaciones de la fiscalía

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había citado para hoy, lunes, al secretario de organización del PSOE, José Blanco, y a un concejal socialista para que informaran sobre la supuesta trama urbanística oculta tras los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Sin embargo, las pesquisas en marcha quedarán paralizadas como consecuencia de la última orden del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

La citación de Blanco y del concejal formaba parte de las investigaciones que realiza la fiscalía tras la denuncia interpuesta contra Tamayo y Sáez por el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, por supuesto cohecho. La fiscalía ha dejado sin efecto tales citaciones al tener conocimiento, por los medios de comunicación, de que Cardenal dio instrucciones el pasado viernes para que la investigación pase a manos de la Fiscalía Anticorrupción. Cardenal ordenó también que no se practique ninguna indagación hasta que la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictamine si admite a trámite la querella del PSOE.

La decisión de Cardenal bloquea, pues, la investigación que había puesto en marcha la fiscalía de Madrid, que había pedido información financiera sobre varias sociedades vinculadas con personas del entorno del diputado Tamayo y sobre las circunstancias que rodearon la reserva de dos habitaciones en el hotel Los Vascos por los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez.

Bravo y Vázquez figuran implicados en la trama inmobiliaria destapada en Alcorcón, junto al ex alcalde de la localidad, Pablo Zúñiga, del PP. Bravo reservó para Tamayo y Sáez las habitaciones el día en que ambos se ausentaron del pleno de la Asamblea de Madrid y dejaron a los socialistas con dos votos menos, lo que permitió que la presidencia de la Cámara recayera en la diputada del PP Concepción Dancausa.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior, que preside el magistrado Javier María Casas, comenzó el pasado viernes a deliberar sobre la admisión a trámite de la querella por cohecho. El tribunal tiene previsto resolver el asunto el martes mediante un auto.

Los jueces estudian, asimismo, qué hacen con la otra querella que ha interpuesto -por injurias y calumnias- el secretario del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, contra Rafael Simancas, candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad. Según fuentes judiciales, la idea inicial del Tribunal Superior sobre este cruce de querellas es rechazarlas aduciendo, entre otras razones, que se trata de cuestiones de índole política que carecen de relevancia penal. El PSOE tiene previsto presentar hoy una ampliación e incluir a más personas, entre ellas Romero de Tejada.

Si la Asamblea de Madrid está abocada a la disolución y a nuevas elecciones, con la pérdida de la condición de diputados por Tamayo y Sáez, ambos perderían la condición de aforados. La querella del PSOE, de seguir viva, pasaría a un juzgado de instrucción.

Al margen de estas dos querellas, hay otra, de la fiscalía de Madrid -cuyo jefe era hasta el jueves Mariano Fernández Bermejo-, que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón, Juan Francisco Rodríguez. Está dirigida contra el ex alcalde de Alcorcón (165.000 habitantes), Pablo Zúñiga; contra un ex concejal, un funcionario y cinco promotores de suelo de la zona, entre ellos los constructores Vázquez y Bravo. El magistrado está a punto de decidir si la admite a trámite. La querella se refiere a una trama inmobiliaria delictiva que ha generado, supuestamente, un beneficio cercano al billón de pesetas (unos seis millones de euros).

En fuentes de la investigación se da por seguro que el juez va a admitir la querella. El PP asegura que es copia de una anterior, sobre los mismos hechos, presentada por el PSOE de Alcorcón y archivada en su día. Desde la fiscalía, en cambio, se argumenta que constan numerosos elementos nuevos. También se explica que no es verdad que la denuncia del PSOE esté archivada. El asunto se encuentra en la Sección Segunda de la Audiencia de Madrid, ante la que el PSOE presentó un recurso contra el archivo.