La autoridad moral del Fiscal General

En estos días caen sobre José María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, tremendas opiniones, posiblemente fundadas, procedentes de la Fiscalía General del Estado, a cuenta de la decisión sobre el futuro del grupo parlamentario de la ex Batasuna.

Por suerte o por desgracia, me he cruzado con los titulares de ambas instituciones y hoy, con la libertad que me da el último auto de la Audiencia Nacional sobre las cesiones de crédito, puedo poner negro sobre blanco algunas conclusiones, sobre algo tan vidrioso como es la autoridad moral.

A Atutxa, le traté cuando, siendo Consejero de Interior, nos hizo caso sobre una decisión tecnológica muy arriesgada para regular el tráfico en la autopista Bilbao-San Sebastián. De aquella colaboración me queda el recuerdo de una persona rigurosa y valiente, que asumió la decisión.

A Jesús Cardenal, le conocí en Valencia cuando justificó la sustitución del fiscal Santos por su jefe Fungairiño en el caso de las cesiones de crédito y la consiguiente rectificación de la decisión de Santos de imputar al Banco de Santander, pidiendo el archivo de las actuaciones. Cardenal explicaba que, con su decisión, eximía a Santos de defender algo con lo que no estaba de acuerdo: la exculpación del banco. Así fue cómo entendí el porqué de la ausencia del ministerio fiscal en la Audiencia Nacional el día en que ratificábamos el informe encargado por el juez Flors y la aparente indefensión de la Hacienda española. Ahora, tras la decisión tomada y lo escrito en el auto sobre las cesiones por la juez Palacios, la pérdida de autoridad moral de la fiscalía es patente.

No tengo el menor criterio jurídico sobre las futuras relaciones entre el Estado y el Gobierno de Euskadi. Sólo deseo fervientemente que ETA se vaya, cuanto antes, por el sumidero de la historia. Sin embargo, la historia la hacen las personas y aunque el conocimiento de ambos protagonistas sea parcial, a uno no le merece duda la autoridad moral demostrada por uno y otro. A partir de este pequeño conocimiento, creo que, por el bien de todos, el Estado español debería despedir a Cardenal porque, al igual que Euskadi, necesita contar con personas con autoridad moral para debatir las situaciones delicadas y arriesgadas que vamos a vivir en los próximos meses. Por ello, quiero poner de manifiesto que el Gobierno Vasco parte con una ventaja indiscutible en términos de credibilidad de las personas.