Urbanismo y las constructoras

Según parece, las leyes o normativas no son iguales para todos a la hora de su cumplimiento. Esto es lo que denunciamos los compradores de 56 viviendas de VPP de Arganda, que para acceder a este tipo de vivienda tenemos que cumplir unos requisitos. Después de llevar más de 4 años a la espera de la vivienda comprada y firmar nuestros contratos de compraventa en el año 2002, nos encontramos con una subida a la teórica fecha de entrega de más de 9.020 euros por una normativa del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 154, que establece el consentimiento de los compradores para que se haga efectiva esta subida. Por supuesto, los compradores no queremos esta subida, pero la forma de hacerla efectiva la constructora y tener nuestro consentimiento es con resolución de contrato: si quieres el piso, firma, o de lo contrario te quedas sin él.

La normativa del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 154 pone: "Se establecen especiales cautelas para la aplicación de tales precios máximos a las actuaciones ya iniciadas, a fin de salvaguardar los derechos de adquirentes y adjudicatarios que hayan suscrito contratos o entregado cantidades a cuenta del precio de la vivienda".

Por supuesto que a la Consejería de Obras Públicas le dan igual sus normativas a la hora de aplicarlas a favor del comprador. Estos hechos y otros están denunciados en la Comunidad, pero sólo nos encontramos con un muro, el del poder que gobierna y sus amigos de las constructoras.

La constructora Grupo Pinar, la que nos ha vendido nuestros pisos, está denunciada en varias promociones por quedarse sin terrenos, por cambio de calidades, cantidades no avaladas, cantidades pagadas fuera de contrato, pero las normativas o leyes parece que no se ejercen sobre Grupo Pinar.