Venta de armas españolas: un negocio bajo lupa

Otoño de 2001. Dos agentes de la Brigada de Información Exterior aguardaban en el aeropuerto de Madrid-Barajas la llegada de un ciudadano sirio que acababa de aterrizar procedente de Damasco. Los policías sabían quién era y adónde se dirigía: la sede de una empresa española de fertilizantes con la que había contactado para hacer un importante pedido. Los directivos de la propia compañía habían alertado a la policía de la llegada de este potencial cliente cuyo encargo despertó sospechas. Todos sus pasos, incluso dentro de la propia fábrica, se siguieron al milímetro. Los fertilizantes pueden ser empleados para la producción de armas químicas, y las restricciones en su exportación son cada vez mayores.

"Me negaron la venta de 300 pistolas a Venezuela porque es un país pobre y tiene que comprar otras cosas más necesarias", critica un intermediario vasco

Se han denegado 57 licencias de sustancias y equipos químicos a Libia y otros países de Oriente Próximo por riesgo de producción de armas químicas

El 16% de 110.000 armas requisadas a 'narcos' en Río de Janeiro eran españolas y se habían vendido legalmente, según un estudio policial

Las ONG dicen que en España no se cumple el código de conducta de la UE y denuncian las ventas a países donde no se respetan los derechos humanos

La vigilancia sobre cualquier exportación de armas españolas o sustancias químicas corresponde a la Junta Interministerial reguladora del comercio exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), adscrita al Ministerio de Economía, y el informe sobre la sospechosa visita del comerciante sirio acabó en la mesa de este organismo, en el que en 2002 se autorizaron 568 licencias de exportaciones de armas y material de defensa que ascendió a 566 millones de euros.

La JIMDDU, que preside Juan Costa, secretario de Estado de Comercio y Turismo, ha denegado entre 1999 y 2002 un total de 57 licencias de exportación de sustancias y equipos químicos fabricados en España. En nueve casos se paralizó la venta por el riesgo de desvío para la producción de armas químicas. Las otras 48 licencias se denegaron por el temor de que esas sustancias y equipos fueran empleadas en la fabricación no sólo de armas químicas, sino también biólogicas (ver gráfico).

En todos los casos, la amenaza de un uso militar o terrorista de estos productos fabricados en España impidió su exportación, y los informes de Jorge Dezcallar, director del Centro Nacional de Inteligencia (CIN); Santiago López Valdivieso, director de la Guardia Civil, y Agustín Díaz de Mera, director de la policía, fueron determinantes. En la junta, que se reúne una vez al mes, hay también representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Ciencia y Tecnología y Hacienda.

¿Quiénes eran los países receptores de esas sustancias químicas cuya exportación ha sido prohibida? Contratos civiles de exportación a Siria, Egipto, Jordania, Pakistán y otros países de Oriente Próximo que no están embargados por la ONU figuran entre las 57 licencias denegadas, según aseguran fuentes del sector y confirman fuentes oficiales. También se paralizaron ventas a países embargados por la ONU, como Libia, Sudán o Irak. En el caso de Libia, la negativa a exportar estas sustancias se basó en los informes que aseguran que el Gobierno de Muamar el Gadafi intenta desarrollar armas químicas.

Francisco Utrera, de 49 años, secretario general de comercio exterior de material de defensa y secretario de la JIMDDU, declina desvelar el nombre de los países que han sido vetados, uno de los secretos mejor guardados de este organismo, y se ampara en que es información confidencial. "Actuamos frente al riesgo de que estas sustancias se utilicen para fines distintos a los que figuran en la licencia. A veces no hay una certeza total, pero sí una sospecha o un riesgo de que se les dé un uso militar. Un pedido de sustancias químicas para pigmentar curtidos de pieles por una cantidad excesiva, que vaya más allá de las necesidades industriales, no se autoriza".

Los informes que presentan en la JIMDDU los representantes de Exteriores y Ciencia y Tecnología son determinantes para alertar del riesgo que implican pedidos de material susceptible de doble uso. El control sobre las exportaciones de máquinas de micronización o evaporación es férreo, ya que las armas biológicas o químicas requieren de partículas muy reducidas. Las máquinas y tornos de alta precisión para fresadoras pueden tener uso militar, y las licencias de exportación se miran también con lupa.

Restricciones al arma corta

En el amplio catálogo

de materiales que vende la industria de defensa española, el arma pequeña es la que está sufriendo más restricciones. En esta denominación están las armas cortas, revólveres, pistolas, carabinas, subametralladoras, rifles de asalto y ametralladoras ligeras.

La JIMDDU, en aplicación del código de conducta de la Unión Europea, ha denegado entre 1999 y 2002 un total de 35 licencias de exportación a países de Centroamérica y Suramérica, zonas extremadamente sensibles. El riesgo de desvío, la estabilidad regional, los dudosos destinatarios y la situación interna del país han sido los argumentos esgrimidos por la junta para negar estas ventas de armas a países que no están embargados por la ONU, pero cuyos perfiles encajan en las prohibiciones que contempla el citado código de conducta. "En países sensibles, si no van destinadas a las fuerzas armadas o de seguridad, no damos licencias para vender arma corta", reconoce Utrera.

Centroamérica y Suramérica se han convertido en mercados cerrados para los exportadores españoles. Se han denegado licencias para vender arma corta en Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Perú y Paraguay, además de países de la antigua Europa del Este, según señalan los empresarios. Un envío de 300 pistolas a Caracas (Venezuela) que pretendía exportar un intermediario vasco ha sido denegado por la junta con el argumento de la difícil situación económica del país. "Me negaron la licencia de exportación porque Venezuela era muy pobre y tenía que comprar otras cosas más necesarias. ¿Cómo se puede negar que una empresa privada de otro país me compre un lote de armas?", se pregunta el vendedor.

En opinión de este intermediario, los atentados del 11-S han sido determinantes para que las ocho normas del código de conducta de la UE se apliquen en España con mayor rigor y severidad. Éstas se aprobaron en 1998 y recomiendan no exportar armas a los países embargados por la ONU, a los que no respeten los derechos humanos, donde existan conflictos armados, riesgo de desvío a otros países y a los que no tengan una actitud firme frente al terrorismo.

Los exportadores españoles de arma corta, un sector en crisis, coinciden en que las licencias de exportación para mercado civil han desaparecido, salvo para ventas en EE UU. Andrés Calzada, director de Fabrinor, la sociedad anónima laboral que sustituyó a la empresa alavesa Llama-Gabilondo, lo explica así: "Tras el 11-S sólo podemos vender a EE UU, y esporádicamente a otros países si son pedidos para las fuerzas armadas. Las restricciones son cada vez mayores, y el número de países vetados, más amplio".

Fabrinor es la única empresa de arma corta del antaño floreciente mercado vasco que ha sobrevivido a una crisis que el Gobierno vasco no logró frenar pese a los intentos de reestructuración que se ensayaron en los años noventa. Star y Astra, míticas compañías en el sector armero, desaparecieron y los 77 trabajadores de Fabrinor son los únicos supervivientes de un naufragio en el que centenares de trabajadores perdieron sus empleos. "Sólo vendemos arma corta a EE UU. Hemos creado una división de microfusión para piezas con geometría difícil, y vendemos a sectores de automoción, textil y sanitario", dice su director.

Desvíos a Brasil

En Eibar, villa armera desde hace cinco siglos, sólo queda la magnífica colección de 500 armas del Ayuntamiento que preside el socialista Iñaki Arriola y un sector artesanal reducido a las armas de caza . "Hemos bajado de 40.000 a 29.000 habitantes en parte por la desaparición de estas empresas", señala la concejal del PSOE Nerea Alustiza, de 40 años. El Ayuntamiento subvenciona escuelas taller para formar futuros armeros.

Marta Gómez, gerente de la Asociación Española de Empresas Armeras, que agrupa a 50 empresas, hace este diagnóstico: "La caída del mercado estadounidense llevó a la quiebra del sector de arma corta. Además, los pedidos de las policías tardan en salir a concurso". Beretta, la empresa italiana con fábrica en Álava, acaba de ganar un concurso de 75.000 pistolas para la Guardia Civil.

Pedro Morrás, gerente de una asociación de importadores, dice que el mercado exterior está "superintervenido" y el civil no existe. " Sabemos que no vendemos caramelos, pero no entendemos por qué no podemos vender a países democráticos como Venezuela. Hay veces que nos han dado licencias y luego nos han pedido devolverlas. La ley de armas españolas es la más dura de Europa".

Daniel Luz, de 34 años, miembro de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, prepara su tesis doctoral sobre la iniciativa de desarme en América Latina y ofrece un adelanto inquietante sobre la aparición de armas cortas españolas en Río de Janeiro (Brasil): "La policía y la ONG Viva Río han registrado desde 1998 más de 110.000 armas intervenidas a los narcotraficantes, y el 16,5 % eran españolas. La mayoría, fabricadas en Éibar, de las marcas Star, Llama y Astra. Las armas españolas habían sido vendidas legalmente a Paraguay, el principal centro de contrabando de toda América Latina". Paraguay figura entre los tres países más corruptos del planeta, según Transparency International, organización con sede en Londres.

Luz señala que una partida de pistolas de Eibar cuyo destino final era Panamá apareció en los Balcanes durante el embargo al que se sometió a esa zona. Utrera reconoce la "preocupación especial" que tiene el Gobierno español con las exportaciones de arma corta. "Cuando no hay una certificación de destino para las fuerzas armadas del país receptor somos extremadamente restringidos". La existencia de exportaciones incontroladas de armas quedó patente hace un año en Madrid durante un encuentro internacional con representantes de Suecia y España y parlamentarios de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá en el que se denunció el rampante tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en Centroámerica. "La proliferación ilícita de armas ligeras es uno de los grandes problemas que tiene pendiente de solución la comunidad internacional", dijo Luisa Fernanda Rudi, presidenta del Congreso, al inaugurar el encuentro. Las 341 pistolas robadas por una banda de rumanos de un camión en las Landas (Francia) estaban a punto de entrar en el mercado negro. Las armas iban destinadas a Borchers, SA, uno de los principales importadores españoles, con sede en Gernika (Vizcaya).

Medio millón de muertos

Raúl Romeva, de 32 años, profesor de relaciones internacionales de la citada Universidad, lo explica así: "Es correcto el argumento del Gobierno de que no vende armas a los países embargados, pero ése es sólo uno de los criterios del código. ¿Qué ocurre con las ventas a India, Filipinas, Indonesia, Turquía, Marruecos o Ghana? ¿Se respetan allí los derechos humanos?". Eva Quintana, de 30 años, de Intermón Oxfam, destaca que mueren medio millón de personas al año a causa de las armas ligeras y destaca que países como Turquía o Israel, no afectados por el embargo, utilizan estas armas para reprimir a la población.

Utrera resta credibilidad a los informes de las ONG y destaca que ningún país de la UE ha cuestionado ninguna de las operaciones autorizadas. "Existe un sistema de alerta en la UE y jamás nos han denunciado ni por el tipo de material ni por el destino. Además, el 80% de nuestras exportaciones de armas van a países europeos, y el 90%, a miembros de la OTAN. Sólo queda una pequeña fracción para terceros países". El grueso de las exportaciones españolas se lo llevan las aeronaves, dentro del programa Eurofighter, y los combustibles. Ignacio Quesada, jefe de ventas de la división militar de Expal, asegura que el control en este sector "es altísimo y lo tenemos asumido".

¿Y Turquía? "No está bajo embargo, ni es inestable ni sensible", responde Utrera, el hombre que comparece ante el Congreso para explicar las ventas de armas españolas. Una iniciativa de mayor transparencia que se adoptó en 1997, gracias a las protestas de las ONG, pero que éstas consideran insuficiente. "Todavía hay mucha opacidad, omiten detalles y te hablan de ventas a Oriente Próximo sin especificar los países", critica la representante de Intermón.

Utrera revela que la congelación de exportaciones de armas a Marruecos por la crisis de la isla Perejil ha terminado y señala que las últimas han sido de equipamiento de transporte, "material no letal". El socialista Jordi Marsall asegura que la JIMDDU es "bastante más exigente que otros países que alardean de ejercer un gran control" y apoya las exportaciones a Marruecos porque es un país amigo. "Veo más aspectos positivos que negativos en este caso".

La propuesta de Lula, presidente de Brasil, de financiar a los países pobres con un impuesto a las exportaciones de armas ha generado inquietud en el sector. "Un nuevo impuesto nunca es grato. No nos parece positivo si no sabemos a qué se va a destinar. Además encarecerá los costes", dice Félix Alonso, asesor de Afarmade, la asociación que agrupa a la industria de defensa.