El presidente del PP de Málaga cuestiona la iniciativa del Parlamento sobre el litoral
Ramírez dice que sólo los malagueños deben decidir lo que hay que hacer en la Costa del Sol
Pese a que el PP apoyó con sus votos el jueves la creación en el Parlamento de un grupo de trabajo que estudie la actividad urbanística en el litoral, el presidente de los populares en Málaga, Joaquín Ramírez, cuestionó ayer la iniciativa e incluso dudó de la pertinencia de que la Cámara aborde cuestiones que, entiende, son competencia exclusiva de los ayuntamientos. "Los malagueños debemos preocuparnos de que nadie nos diga desde otros ámbitos lo que tenemos que hacer en la Costa del Sol", dijo. La consejera de Obras Públicas, en cambio, sostiene que este grupo permitirá un control de la legalidad.
"Eso de los estudios de carga de la Costa del Sol me parece sospechosísimo y a lo mejor realmente lo que se busca es la manera de desarrollar otras zonas del litoral. Hay que tener mucho cuidado con estos asuntos, con tanto estudios de carga y moratoria hoteleras y vamos a buscar entre nosotros soluciones para que no vengan de otros territorios a decirnos lo que tenemos que hacer", dijo Ramírez en declaraciones a la Cadena SER.
La resolución aprobada el jueves por unanimidad de la Cámara contempla que el grupo de trabajo estudiará la problemática del litoral andaluz "y especialmente de la Costa del Sol, que tenga en cuenta los estudios recientemente publicados de diversas entidades, así como el informe sobre capacidad de carga de la misma que elaborará el Consejo de Gobierno".
El mismo jueves además, la Mesa del Turismo de Andalucía, de la que forman parte la consejería del ramo, la patronal y las dos centrales sindicales mayoritarias, aprobó el nuevo decreto de hoteles que establecerá para los establecimientos de playa una superficie mínima en función de las plazas que oferte, algo que Ramírez entiende como una cortapisa para el desarrollo de la Costa del Sol en beneficio de otras zonas menos desarrolladas del litoral andaluz.
El presidente del PP malagueño anunció que va a proponer "un gran pacto" en la Costa del Sol para buscar "un urbanismo en condiciones". "Sin complejos, pero legal, deseable y compatible con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, pero hecho desde aquí", enfatizó.
Comisión de investigación
Las manifestaciones de Ramírez contrastan con la determinación del PP de Andalucía, que pretende ir aún más lejos en el tratamiento parlamentario del urbanismo litoral. El secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, volvió a registrar ayer en el Parlamento la iniciativa de constituir una comisión de investigación sobre corrupciones urbanísticas en el litoral en los últimos 10 años que fue rechazada el jueves por la Mesa por defectos de forma.
Sanz dijo que la Mesa boicoteó la iniciativa del PP y justificó su nueva presentación en las "gravísimas imputaciones" sobre la política urbanística en el litoral vertidas por la diputada de Los Verdes en el grupo socialista Inmaculada Gálvez.
Por el contrario, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, subrayó ayer que el grupo de trabajo aprobado por el Parlamento servirá para obligar a que se respeten las normas sobre los espacios no urbanizables y para hacer frente a los movimientos especulativos dirigidos a cambiar las calificaciones del suelo en función de intereses privados, informa Lucía Vallellano. Citó especialmente el caso de Marbella, donde recordó que se ha construido sobre espacios reservados para zonas verdes y de equipamientos, aunque reconoció que desde enero de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado un giro en su forma de proceder ante los problemas urbanísticos. "Ahora empieza a dar la razón a la Junta y a suspender de inmediato, antes de que comiencen las construcciones, los proyectos urbanísticos ilegales". La consejera recordó el compromiso del presidente Chaves a completar la policía urbanística del litoral en las cinco provincias costeras antes de que finalice la actual legislatura, y que colaborará también con el grupo de trabajo parlamentario.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, se mostró en Cádiz "entusiasmada" con la iniciativa de la Fiscalía del TSJA de crear una figura específica para la investigación y persecución de los delitos urbanísticos, y dijo que será un "complemento extraordinario" para luchar contra la especulación.
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