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El Gobierno quiere que el pacto contra los tránsfugas se aplique también en las autonomías

Los partidos pretenden ampliar a las comunidades la figura de los "no adscritos"

Luis R. Aizpeolea

El escándalo de la Comunidad de Madrid ha acarreado una primera consecuencia institucional. El Gobierno ha convocado la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, que congrega a todos los partidos, para la semana que viene, una vez concluida la constitución de los ayuntamientos, el 4 de julio. El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, adelantó que el objetivo es posibilitar que el pacto, vigente a escala municipal, se amplíe a las autonomías, y analizar algunas denuncias, del PP, de su violación en los ayuntamientos de Algeciras y Écija.

El Pacto Antitransfuguismo, suscrito en 1998 por todos los partidos políticos, ha tenido vigencia en el ámbito municipal. La clave de dicho pacto consiste en el compromiso de los partidos a no acoger en sus filas y no beneficiarse de los diputados tránsfugas y desposeer a los mismos de las atribuciones de los grupos municipales -subvenciones, coche oficial y participación en plenos-, enviándolos a la categoría de los "no adscritos".

El secretario de Estado recordó ayer que el ámbito del pacto se ha limitado a los ayuntamientos, pero constató que "su espíritu podría ser trasladado al ámbito autonómico". "No hay ninguna reserva si es eso lo que los partidos desean", precisó. Tanto el responsable municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, como Izquierda Unida ya lo han reclamado.

Es más, Cuesta estima que tal y como aparece redactado el texto del Pacto Antitransfuguismo podría extenderse en su aplicación a lo sucedido en la Asamblea de Madrid, donde los diputados traidores al PSOE, Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, han pasado al Grupo Mixto y no a la categoría de "no adscritos" como sucedería en los municipios.

Instituciones públicas

Cuesta recuerda que el punto 2 del Pacto Antitransfuguismo dice: "[Los partidos políticos] se comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos y a desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter económico, reglamentario y protocolario". El dirigente socialista precisa que la alusión a "instituciones públicas" en el texto y no sólo a los ayuntamientos permite extender el acuerdo del ámbito municipal al autonómico.

El secretario de Estado de Organización Territorial también cree que es posible esa extensión, pero estima necesario formalizarla expresamente en el texto acordado hace cinco años.

Elorriaga precisó también que todas las medidas que el Pacto Antitransfuguismo ha puesto en marcha en relación a los ayuntamientos tienen menos sentido en el ámbito autonómico, ya que se ha trabajado siempre sobre la hipótesis de la imposibilidad de disolución de las corporaciones locales y, por tanto, de la imposibilidad de convocar elecciones.

El secretario de Estado recuerda, en este sentido, que las comunidades autónomas disponen de un arma política que no tienen los ayuntamientos: la posibilidad de disolver sus asambleas y convocar elecciones para quitarse de encima a los tránsfugas. Algo en lo que con toda probabilidad terminará abocando la crisis en la Comunidad de Madrid.

La vía que puede abrir la ampliación del Pacto del ámbito municipal al autonómico es la propuesta de reformar los reglamentos internos en las comunidades autónomas, como en su día se hizo en los ayuntamientos, para crear la figura de los "no adscritos", adelanta Elorriaga.

Así, en las comunidades se permite la formación de un Grupo Mixto con representación tanto en el pleno como en la Diputación Permanente y que, en el caso de Madrid, es clave para la formación de mayorías absolutas, como está sucediendo con los dos diputados traidores al PSOE.

La reunión del Pacto Antitransfuguismo también abordará la denuncia del PP contra el PSOE en los ayuntamientos andaluces de Algeciras y Écija. En el primer caso, el PP denuncia que ha perdido la alcaldía porque un concejal del Partido Andalucista, partido que se alió con el PP, se ha pasado al Grupo Mixto.

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