El Colegio de Abogados sanciona a 219 letrados por vulnerar las normas deontológicas

El Colegio de Abogados de Madrid sancionó en 2002 a 219 abogados por vulnerar las normas de deontología profesional. La cifra de sanciones es un 16% mayor que la registrada un año antes, según datos del propio colegio, que aglutina a unos 45.188 letrados. De esas 219 sanciones, 130 son por faltas graves, 11 por faltas muy graves y 78 por actuaciones leves. Las graves han crecido espectacularmente, al pasar de las 78 incoadas en 2001 a las 130 del año pasado. En cambio, se han reducido ligeramente las leves (de 85 a 78) y las muy graves (de 19 a 11).

Un dato llamativo es el aumento de las quejas de ciudadanos contra abogados y de denuncias entre los propios letrados. El año pasado, el Colegio de Madrid recibió 1.350 quejas o denuncias (un 11% más que las 1.214 tramitadas en 2001). El colegio suele tardar unos cinco meses en resolver estas quejas, salvo que las mismas sean objeto de un proceso judicial paralelo. En ese caso, lo habitual es esperar a que se produzca un pronunciamiento judicial.

Entre los abogados, como en otras profesiones, las acciones susceptibles de sanción son variopintas: desde abogados que incumplen el secreto profesional, otros que no rinden cuentas a sus clientes y se quedan con dinero que no les corresponde o cobran unos honorarios muy superiores a los estipulados, o los que actúan de oficio y no mantienen un contacto fluido con los clientes.

El Colegio de Madrid ha potenciado en los últimos años su Comisión de Deontología. Los abogados que vulneran las normas deontológicas y que son objeto de sanción disciplinaria recurren en general esta decisión, y lo hacen ante el Consejo de Abogados de la Comunidad de Madrid. Si la decisión de este órgano les es también desfavorable, tienen la opción de acudir a los tribunales a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. Un total de 1.221 abogados acudieron el año pasado a estos tribunales para recurrir resoluciones del colegio que les eran desfavorables.

Firmeza colegial

Si la etapa del anterior decano de los abogados, Antonio Pedrols Ríus, se caracterizó por el asentamiento del colegio como institución, la del actual, Luis Martí Mingarro -que lleva ya casi diez años al frente del colegio-, destaca por la firmeza del colegio frente a los abogados carentes de escrúpulos en el ejercicio de su labor.

De entre los servicios que presta el colegio, el que más afecta a los ciudadanos es el del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita para las personas que se ven inmersas en un pleito y carezcan de recursos suficientes para pagar a un letrado.

En la actualidad hay 3.385 abogados adscritos al turno de oficio. Los ciudadanos extranjeros son lo que más demandan sus servicios. El año pasado esta asistencia se incrementó en un 23% respecto a 2001. Este servicio presta, sobre todo, ayuda a los inmigrantes carentes de recursos. Desarrolla su labor en los locales de la Cruz Roja, donde en 2002 atendió 3.565 consultas; también funciona en los ayuntamientos de Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz y en el aeropuerto de Barajas, donde el año pasado atendió a 332 inmigrantes, fundamentalmente por problemas en la aduana.

La mayoría de las consultas fueron para preguntar por la posibilidad de regularizar la situación en España de los inmigrantes, así como para lograr permisos de trabajo y residencia, renovación y prórrogas de estancia. El 62% de las personas que requirió este servicio procedía de América y el 24% de África.

Cada vez son más las personas que demandan ayuda jurídica gratuita del colegio. El año pasado se presentaron 79.644 solicitudes de asistencia letrada al detenido y 64.651 peticiones para abogados del turno de oficio, un 12% más que en 2001. De las 79.644 asistencias a detenidos, 58.384 fueron primeras asistencias en calabozos de comisarías.

Según los datos del colegio, el año pasado se abrieron 389 expedientes a abogados que estaban de guardia y que, tras ser llamados, no estaban disponibles. Además, se incoaron 575 expedientes informativos por quejas o incidencias formuladas por clientes contra el abogado que les fue asignado de oficio. Esta cifra sólo supone, según el colegio, un 0,89% del total de designaciones de oficio.