La religión en la escuela pública

Publican los papeles que el Gobierno que gloriosamente nos rige ha decidido introducir la asignatura de Religión (confesional), y como alternativa una disciplina laica de Historia y Cultura religiosa, y que ambas disciplinas puntuarán a todos los efectos. Como es lógico se anuncian movidas de protesta a protagonizar por la CEAPA y por algunas sindicales, tradicionalmente opuestas a la presencia de la religión en la escuela. Me parece que no ejerceré de profeta si pronostico que mientras IU seguirá esa línea, por lo demás en ella tradicional, el PSOE va hacer una oposición tenue, de aliño y sin mucha convicción. La razón no es la aceptación tácita del acuerdo con de Asuntos Culturales con el Vaticano que impone para la religión el trato propio de "disciplina fundamental", tampoco es el encargo de la ejecutiva a Ramón Jáuregui para procurar una aproximación entre el Partido Socialista y el mundo católico, que también. La razón se halla más bien en el estudio 2443 (2002) del CIS, dedicado específicamente al papel de la religión en España que contiene detalladas preguntas sobre la cuestión religioso-escolar.

Y es que la nuestra es una sociedad simultáneamente religiosa y laica. Buena idea de lo primero lo da el que la religión apruebe (con un 5,3 sobre 10) a la hora de determinar si las creencias de ese signo son importantes, nota que crece con la edad y baja con el nivel de estudios, que un 40% tenga mucha o bastante confianza en la Iglesia o un 56% entienda que es importante la formación religiosa escolar de los hijos. Pero sólo un 33% estima que esas creencias son relevantes a la hora de tomar decisiones (un 12% para las convicciones políticas) y un 71% estima que las creencias religiosas no deben influir en las decisiones de voto, algo que permite entender el escaso impacto a corto de la guerra de Iraq. De otro lado algo más del 80% se declara creyente y adscrito a una confesión (el 80,3% católico, el 1,9% a otras confesiones, si bien cabe aventurar que la encuesta minusvalora la adscripción a otras confesiones, en especial el Islam, muy vinculadas con el fenómeno migratorio). Por el contrario se confiesa ateo algo más del 5% y meramente "no creyente" algo más del 10%. En números redondos el tanteo es 82/18. Traducido al lenguaje de los políticos: el porcentaje de creyentes es mayor que el usual y aún el máximo de votantes.

Ahora bien, cuando de la enseñanza de la religión en la escuela se trata salta la liebre: los contrarios a la presencia de la religión en los centros docentes son el 9% (un 4% no contesta). La hostilidad a la religión en la escuela es más baja que la increencia y el apoyo a su presencia es mayor que la confesionalidad. Sin embargo no es eso sólo lo que llama la atención. La encuesta da tres posibilidades de presencia de la religión en los centros docentes que aun cuando no son rigurosamente alternativas se presentan como tales: la religión debe ser de enseñanza obligatoria, la religión debe ser de enseñanza voluntaria, debe haber historia de las religiones como disciplina en los planes de estudios. Sorprendentemente el apoyo a la enseñanza confesional obligatoria es insólitamente alto: un 22%, crece con la edad y minora según el tamaño del hábitat y el nivel de estudios. El apoyo a la religión voluntaria es la propuesta de mayor aceptación, y la que menos oscilaciones registra por tamaño de hábitat y nivel de edad, estando cercana a la mayoría absoluta: el 48%. La tercera opción, presentada como alternativa y apoyada por un 17 % es la presencia de historia de las religiones. El abanico da dos combinaciones simultáneamente coherentes y ganadoras: la enseñanza confesional obligatoria más la voluntaria suponen el 70%; la enseñanza confesional voluntaria más la historia de las religiones supone el 67 %, pero mientras la primera mayoría no es constitucional (la religión obligatoria no lo es ), la segunda sí lo es. No me parece precisamente casual que el Gobierno haya optado por una decisión que se ajusta como un guante a la preferencia mayoritaria y puede satisfacer, siquiera sea parcialmente, a la primera minoría.

Merece retenerse un dato atípico según los criterios de sentido común (que en política suelen equivocarse siempre): los grupos de mayor propensión al voto conservador (los que cuentan con estudios superiores y residen en un habitat medio o alto) son más inclinados que la media a la increencia, a dar escasa relevancia a las convicciones religiosas en las decisiones, y en especial en las decisiones políticas, las que menor apoyo dan a la confesionalidad forzosa y mayor apoyo dan a la solución mayoritaria constitucional, siendo en dichos sectores el apoyo a la enseñanza de la historia de las religiones significativamente mayor que la media.

En otras palabras: la decisión adoptada en la materia por el Gobierno que nos rige tiene la triple ventaja de ser ampliamente mayoritaria, estar ajustada al ordenamiento (incluído el acuerdo con el Vaticano), y ser la opción que más impopular es de combatir, que mayores satisfacciones da a la propia base social, en especial, a los sectores más sensibles de la misma, y la que con mayor dificultad puede combatir la oposición sin hechar piedras a su propio tejado. Puede que alguien crea que esa decisión es casual, o se debe a una indebida cesión ante los poderes fácticos, pero yo no lo creo. Me parece que es una decisión muy meditada que responde a una estrategia de fondo cualquier cosa menos ideológicamente orientada, y que más bien tiene que ver con la proximidad de unas legislativas que se prevén disputadas. ¡Estos liberales del PP!

Manuel Martínez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU