El PSOE exige al PP que pare las operaciones urbanísticas relacionadas con los querellados

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Jesús Caldera, exigió ayer al Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid -que preside el también alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón- que paralice de forma inmediata todas las operaciones urbanísticas relacionadas con los nombres que aparecen en la querella presentada por la Fiscalía de Madrid por una supuesta trama de corrupción inmobiliaria en Alcorcón. Caldera negó que existan voces dentro del PSOE que pidan responsabilidades por la inclusión de los diputados tránsfugas en las listas de Madrid.

El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, exigió ayer al Gobierno en funciones de la Comunidad de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que "se paralicen de forma inmediata, aunque sea con carácter provisional, todas las actuaciones urbanísticas en las que intervengan las personas físicas o jurídicas" que aparecen en la querella que la Fiscalía de Madrid ha presentado por una supuesta trama de corrupción inmobiliaria en Alcorcón. Caldera justificó esta petición argumentando que " todas estas operaciones están bajo sospecha".

El portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, se mostró partidario ayer de paralizar y reorientar el desarrollo de 45.000 viviendas en los ensanches Norte y Sur de Alcorcón: "Depurar todo el planeamiento urbanístico para depurar responsabilidades y favorecer la vivienda protegida. Habría que estudiar los derechos urbanísticos ya adquiridos, unos serán legales y otros no, como ha manifestado el fiscal", concluyó.

En la querella interpuesta por la Fiscalía de Madrid se acusa a los constructores Francisco Bravo y Vázquez, así como al ex alcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga (PP), y al arquitecto Lepoldo Arnaiz de haber participado en una supuesta trama de corrupción urbanística que les habrían supuesto unos beneficios de un billón de pesetas.

Caldera, después de preguntarse por qué "el PP no ha expulsado de sus filas a los señores Bravo y Vázquez", afirmó que "los presuntos delincuentes tenían la esperanza de que, si gobernaba en Madrid el PP, esta operación sería aprobada y, si gobernaba el señor Simancas (PSOE), nunca sería aprobada y perderían un billón". Esta esperanza, según Caldera, se "acredita en el momento en que se comprueba cómo los promotores de esa operación [Bravo y Vázquez] especulativa negociaban con el secretario del PP en Madrid [Ricardo Romero de Tejada] en la sede del PP en la calle Génova". "Por lo tanto, tenían fundadas esperanzas de conseguir que la operación saliera adelante", recalcó.

En cuanto a las declaraciones del ex Consejero de Obras Públicas y Urbanismo, Luis Eduardo Cortés, quien declaró que "la comunidad de Madrid no aprobó ninguna recalificación de terrenos en Alcorcón", Caldera realizó una precisión: " El PP no ha paralizado las recalificaciones, están pendientes de aprobación. Lo que debía haber hecho el gobierno de la Comunidad era decidir que esa operación es fraudulenta e impedirla definitivamente. Incluso, dirigirse al fiscal". Caldera salió al paso de las informaciones en las que se afirmaba que varios alcaldes socialistas habían solicitado que algún dirigente del partido asumiera la responsabilidad de la deserción de Tamayo y Sáez. El portavoz socialista en el Congreso aseguró que el PSOE no ha recibido "ninguna queja" por parte de "ningún alcalde". Fuentes del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid afirman que la voluntad del partido es "buscar esas responsabilidades una vez desbloqueada la crisis".