Ruiz-Gallardón considera la Ley de Grandes Ciudades "suficiente"

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se reunió ayer con el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, para trasladarle su opinión sobre el proyecto de Ley de Grandes Ciudades, aprobado el pasado día 6 por el Consejo de Ministros. Ruiz-Gallardón considera que el texto es "suficiente" y "positivo en líneas sustanciales" -aunque no recoge algunas de las aspiraciones de su programa electoral para Madrid, sobre todo en el aspecto tributario-. Así, el regidor renuncia, por el momento, a seguir reclamando una Ley de Capitalidad exclusiva para Madrid.

Durante sus ocho años al frente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón nunca se ha mostrado especialmente interesado -aunque sí partidario- en que la ciudad de Madrid tenga una ley que recoga su especificidad como capital. Ha sido su predecesor en la alcaldía, José María Álvarez del Manzano, quien ha defendido siempre con más fervor que era necesaria una normativa que compense a la capital por los perjuicios que le causa ser el centro administrativo y político del país (manifestaciones diarias en sus calles, coste del boato y gastos de escolta en actos oficiales y visitas de mandatarios extranjeros...).

El nuevo regidor afirmó ayer que esa ley "no es urgente" y que el proyecto de Ley de Modernización del Gobierno Local (conocida como Ley de Grandes Ciudades) recoge "sustancialmente" las necesidades de Madrid, aunque es "mejorable". Ese proyecto, que fija un régimen específico para todas las ciudades de más de 250.000 habitantes, debe seguir aún la tramitación parlamentaria hasta ser aprobado como ley por el Congreso, previsiblemente antes de fin de año.

"No es urgente"

"La Ley de Capitalidad no es urgente. Madrid necesitaba esta normativa específica, pero no nos importa compartirla con las otras grandes ciudades", afirmó Ruiz-Gallardón tras reunirse con Arenas. Éste aclaró que no descarta llegar a un "acuerdo político" con Madrid y Barcelona (que también quiere una ley especial) en los próximos meses, aunque esas hipotéticas Ley de Capitalidad y Carta de Barcelona no podrían tramitarse ya en esta legislatura. En cualquier caso, tampoco el proyecto de Ley de Grandes Ciudades recoge todas las modificaciones que Ruiz-Gallardón planteaba como imprescindibles para poder cumplir algunas de sus promesas electorales.

Durante la campaña, el ahora alcalde anunció que, si ganaba, instauraría en el Ayuntamiento un sistema tributario "más equitativo". Proponía, por ejemplo, que el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) fuera progresivo: actualmente, todos los edificios de Madrid, salvo los de máximo valor catastral, aplican el mismo tipo impositivo; el regidor quiere establecer varios tramos, de forma que el tipo impositivo vaya aumentando a medida que aumenta el valor del piso. Pero el proyecto de Ley de Grandes Ciudades no recoge esa posibilidad. "Intentaremos que se incorpore en el proceso de enmiendas parlamentarias", alegan desde el equipo de Ruiz-Gallardón.

Lo mismo sucede con otra pretensión del nuevo alcalde, excluida del proyecto aprobado el pasado día 6: un incremento del porcentaje que el Gobierno entrega a Madrid del dinero recaudado en su territorio por IRPF, IVA e impuestos especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos).

Lo que sí recoge el proyecto de ley, y fue resaltado ayer por Ruiz-Gallardón, es la posibilidad de que el alcalde conforme su equipo de gobierno con personas que no hayan sido elegidas concejales, lo que le otorga un margen de maniobra mucho mayor. También prevé la descentralización de la Administración a favor de los distritos, y, sobre todo, reduce el poder ejecutivo del pleno municipal. Este órgano tiene ahora capacidad para aprobar desde reglamentos y ordenanzas hasta las más concretas adjudicaciones de contratos o subvenciones; la futura ley lo equiparará prácticamente a un Parlamento: su labor se limitará al control al Ejecutivo y la aprobación de normativas. Los aspectos de "mera gestión" pasarían a ser responsabilidad exclusiva del equipo de gobierno.